El juzgado de Instrucción número 2 de Girona ha decidido archivar la causa contra 27 policías españoles por las cargas en seis colegios electorales de la ciudad durante el 1-O. La justicia considera que los agentes antidisturbios de la Policía Nacional actuaron «en cumplimiento de su deber». Los abogados que interpusieron una querella conjunta por las actuaciones policiales en Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva han recurrido la decisión a la Audiencia.
La causa por las cargas de Girona es una de las pocas que quedaba abierta por el 1-O. En pleno debate por la amnistía, la lentitud de los procesos judiciales y las trabas dejan la mayoría de los agentes encausados más cerca de la impunidad. Actualmente, hay 45 agentes de la Policía Nacional procesados en Barcelona, 46 guardias civiles investigados en Mataró y también hay un proceso abierto en Lleida por la muerte de un hombre que sufrió un ataque de corazón en la escuela del barrio de la Mariola.
La justicia considera prescritos los delitos
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juzgado de Instrucción de Girona dictó las seis resoluciones de archivo hace más de un mes a petición de la Fiscalía. La Audiencia resolvió en una interlocutoria que solo se podía acusar a los policías por delitos leves de lesiones y argumentaba que, o bien habían prescrito, o bien se les podía aplicar el eximente previsto al Código Penal porque habían actuado “en cumplimiento de un deber”.
El portavoz de los abogados voluntarios que llevaron las cargas a la justicia, Albert Carreras, considera que, a pesar de la resolución de la Audiencia, los delitos no han prescrito y niega que se les pueda aplicar el eximente del cumplimiento de un deber. El junio de 2021, el juzgado dejó los 27 policías nacionales y un agente de la Guardia Civil a un paso del juicio por las cargas a Girona y Aiguaviva, mientras que desestimó la querella de Sant Julià de Ramis. También acordó dividir la causa en varias piezas separadas. Ahora la Audiencia tiene que decidir si confirma la decisión del juzgado instructor o da la razón a los querellantes.
