Es muy difícil celebrar un juicio con varios imputados cuando alguno de los principales implicados pacta con la fiscalía. Es lo que se llaman pactos de conformidad. Y más si los acuerdos los firman implicados que tienen un papel preeminente o necesario en el relato que las acusaciones construyen para imputar los delitos. El caso de Efial, sobre irregularidades en 14 ayuntamientos catalanes que se juzgan en la Audiencia Nacional es un ejemplo. La primera jornada del juicio, el 28 de septiembre, se acordaron cuatro conformidades importantes, pero en la jornada de este martes, donde han comenzado las declaraciones de los acusados, ha habido una clave. En concreto, la de Antoni Martos, presidente de Efial, la consultora que da nombre al caso.
Martos se ha subido al estrado, ha mirado a la fiscal y ha reconocido las acusaciones del escrito de calificación del ministerio público. «Es el acuerdo al que llegué con usted», ha recordado Martos, que se ha ahorrado las preguntas de las acusaciones y de las defensas y ha tratado de reducir la pena de tres años que le reclamaban como presunto autor de los delitos de prevaricación administrativa continuada y fraude continuado en concurso público para evitar el ingreso en prisión.
De hecho, Martos ya había llegado a un pacto con el ministerio público, pero quedó en suspenso porque las acusaciones particulares de los ayuntamientos de la Ametlla de Mar y Tortosa no estaban de acuerdo en no imputarle la responsabilidad civil, que ascendía a casi seis millones de euros. La ratificación del acuerdo ha llegado después de las últimas periciales de la fiscalía, en las que, a pesar de las dificultades telemáticas, los peritos han insistido en las irregularidades, que han sido rebatidas por las defensas. Y justo después del pacto han declarado directivos de Efial y una de las estrellas del estrado, el exalcalde de Torredembarra, Daniel Massagué, que ha negado las acusaciones y ha contestado al ministerio fiscal.
Daniel Massagué: «No había personal»
Precisamente, Massagué, a quien la fiscalía le pide tres años de prisión por fraude y prevaricación, ha justificado la contratación de Efial ante la falta de recursos materiales y humanos que sufría el consistorio con la crisis y las reformas legales que recortaban su capacidad financiera. Massagué ha argumentado que contrató a Efial para resolver los problemas administrativos y económicos que tenía el Ayuntamiento. En este sentido, ha remarcado que le comentaron que Efial recuperaba el IVA, como había pasado en el Ayuntamiento de Barcelona, y por eso contactó con ellos. De hecho, hicieron su agosto, porque Efial consiguió recuperar 2,28 millones de euros. Un importe que el alcalde ha subrayado porque suponía, más o menos, el 10% del presupuesto municipal anual de entonces.
Pero no solo de IVA vivía Efial con Torredembarra, sino que le añadieron más tareas porque había atrasos contables y cuentas anuales pendientes de presentar – 2007 y 2008 -, así como otras solicitudes de la Generalitat al patronato Antoni Roig, una fundación del consistorio, que debían resolverse. El exalcalde ha resaltado que en el consistorio no había suficiente plantilla técnica y que no podían contratar más personal debido a los recortes. Así que externalizó todas estas tareas con el grupo Efial. Ha admitido que lo hizo con un contrato que no correspondía -un contrato recurrente- pero ha asegurado que lo corrigió con una licitación.
Más declaraciones
También han pasado por el estrado otros directivos de Efial encausados, como Ramón Cuadrado, actual funcionario municipal, que a pesar de ser director gerente ha asegurado que no tenía poderes de representación en Efial. Cuadrado ha relatado que comenzó a prestar servicios al Ayuntamiento de Torredembarra con la consultora porque estaban «desbordados» y ha defendido que nunca cometió ninguna irregularidad. En la misma línea se ha expresado Xavier Térmens, encargado de la supervisión contable de Efial. En cuanto a Xavier Xifrà, abogado especializado en urbanismo, ha negado presiones políticas para cambiar su opinión profesional o que le encargaran informes para contradecir el criterio de los secretarios interventores, como el de Ascó, o que formara parte de las empresas municipales para las que emitía informes o asesoraba en urbanismo.
Especialmente interesante ha sido la declaración de María Dolores Martínez, esposa del también acusado Andreu Martí, exalcalde de la Ametlla de Mar. Ella era administradora única de una sociedad relacionada con servicios sobre implantación de la ley orgánica de protección de datos. Una empresa sin actividad que pagaba los gastos con el capital social. Sin embargo, Martínez tenía relación con Deep Blue Business, que administraba el encausado Ramon Cardús, que según Hacienda servía de tapadera para recibir las comisiones de Efial. De hecho, esta sociedad solo tenía gastos de hostelería, el Caprabo y el Corte Inglés, según los peritos tributarios que declararon el lunes. Según Martínez, el vínculo con la sociedad provenía del «ámbito cultural y festivo» de las Terres de l’Ebre, y ha negado haber recibido dinero en efectivo, personalmente o a través de la sociedad. De hecho, Deep Blue hizo una transferencia a la pareja como un regalo de boda.
