José Ricardo de Prada es un juez cuidadoso con las formas y de trato afable, pero, si es necesario, no duda en mostrar su autoridad. Es el magistrado que ha presidido el tribunal de la Audiencia Nacional que ha juzgado el caso Efial. Una vista oral, 13 años después del inicio del asunto, compleja y de once jornadas, que debía dilucidar el futuro penal de 19 personas, entre ellas cuatro exalcaldes, por delitos de corrupción en 14 ayuntamientos catalanes. Es la parte catalana de Efial, porque en la otra pieza, la bautizada como Madrid, quedaron absueltos los 15 acusados.
Este jueves Ricardo de Prada ha entonado el visto para sentencia. No sin dar fe de su talante. Es decir, respetuosísimo pero rotundo en las órdenes. Y así se ha visto en el turno de última palabra, cuando el exalcalde de Torredembarra Daniel Massagué se ha acercado al estrado con un papel. «Papeles, no, escuche, ¡esto es la última palabra!», le ha espetado de Prada, que ha dejado atónito al exalcalde, uno de los pocos acusados que han llegado hasta el final del juicio con cargos. De hecho, el tribunal tenía ganas de finalizar el juicio y más después de las conformidades pactadas y de la retirada de la acusación por parte del ministerio fiscal de nueve de los acusados.
En resumen, las dos últimas jornadas han servido para presentar los informes finales después de que, la semana pasada, la fiscal del caso, Elisa Lamelas, se negara a considerar los hechos sometidos a juicio como simples «irregularidades administrativas» y los calificara de «conductas penalmente reprobables que habrían perjudicado a la administración pública y a la confianza ciudadana». Unos hechos que encajarían en la definición de los delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales y sobornos. Las defensas de los principales acusados, el exalcalde de l’Ametlla de Mar Andreu Martí; el exalcalde de Torredembarra Daniel Massagué; el exalcalde de Ascó, Rafael Vidal; el gerente de Deep Blue Business, Ramon Cardús y el abogado Xavier Xifrà han reclamado la libre absolución, y en todo caso, la aplicación de los atenuantes.
Unos informes finales difíciles a raíz de las conformidades
La decisión del ministerio fiscal de acordar solo al comenzar el juicio cuatro conformidades, que ya tienen sentencia, complicó la estrategia de las defensas. Pero el añadido de un pacto en la penúltima jornada entre la fiscalía y Antoni Martos, el presidente de Efial -la consultora que da nombre al caso- dejando al margen las acusaciones particulares de los ayuntamientos afectados, a cambio de una rebaja de la pena, ha complicado aún más la vida a los letrados defensores. Aquel que los había involucrado a todos, a través de la creación de empresas públicas empresariales locales -las EPEL- y con tareas de la consultora en sus consistorios con los secretarios e interventores poniendo objeciones, ha dejado al descubierto al resto de acusados.
Con el reconocimiento de los hechos de Martos, las defensas han tenido que hacer malabares para intentar convencer al tribunal de que su interpretación exculpatoria de la prueba supera la trama que ha descrito el ministerio fiscal durante todo el juicio. Es decir, que creaban EPEL o ampliaban sus competencias, sobre todo en materia urbanística, para externalizar servicios municipales y facilitar adjudicaciones irregulares. Un sistema para «favorecer intereses particulares, eludir controles y adjudicar contratos públicos de manera ilícita» que supondría el hecho «especialmente grave» de que el presidente de Efial también fuera el gerente de las EPEL. Así como delitos paralelos, como es el hallazgo de 1,38 millones de euros en cuentas en Andorra propiedad de Andreu Martí y que no se han justificado.
Las defensas se han esforzado por debilitar las pruebas incriminatorias y pedir alguna prescripción de alguno de los delitos y, sobre todo, eludir la responsabilidad civil. Todos han cargado contra la prueba practicada concluyendo que no es suficiente para justificar una condena. Especialmente, en casos como el del exalcalde de Torredembarra que tenía una relación pésima –reconocida por ambos– con su secretario municipal y que se ha presentado como una de las pruebas de cargo de la acusación. En todo caso, las defensas admitirían irregularidades administrativas menores que habrían quedado superadas por el hecho de que Efial hizo bien el trabajo que se le había encomendado y las sociedades públicas continúan trabajando hoy en día. En el caso de Xifrà, procesado por un correo electrónico que lo involucra con la trama y por la facturación de su sociedad de abogados a la trama, también exige la absolución porque el trabajo se hizo y los informes que emitió no eran ilegales.
Última palabra
Los turnos de última palabra venían precedidos por la alfombra argumentativa que habían expuesto los abogados. Andreu Martí ha defendido su trabajo como alcalde, ha recordado la continuidad hoy en día de la EPEL que creó y ha negado haber recibido dinero ni ninguna comisión de ninguna empresa constructora. Seguía la línea expresada por su abogado, Carles Mascort, que ha evitado meterse en un lío como justificar el origen de los 2,4 millones de euros de patrimonio que el exalcalde tenía en Andorra, los 1,38 millones en dinero en las cuentas, más participaciones, acciones y otros bienes. Solo ha insistido en que ya estaban antes en el Principado, pero sí ha reconocido 180.000 euros reintegrados por cuestiones personales y que, en ningún caso, provenían de comisiones ilegales.
De hecho, uno de los puntos fuertes del informe de Mascort ha sido recordar al tribunal que las constructoras que habrían pagado sobornos o comisiones no han sido llamadas a testificar. Asimismo, el listado que encontraron en el registro de un trastero del exalcalde, en una caja donde decía «Efial», con una lista de comisiones, se referiría realmente al retorno de las garantías provisionales del 3% o el 5% que debían abonar las empresas adjudicatarias. La obsesión de la defensa era evitar que el tribunal se quedara con la convicción de que su cliente, además de cobrar comisiones, las blanqueaba alegando que el dinero de Andorra o en sociedades de Panamá no los ponía en circulación en el mercado español.
En cuanto al exalcalde de Ascó, Rafael Vidal, su defensa también ha pedido la absolución insistiendo en el argumento de que su labor fue eficiente y legal. «Siempre he confiado en mis técnicos y funcionarios» ha declarado en el turno de última palabra al tribunal, para luego enfatizar la «genial capacidad» de Efial en trámites como recuperar el IVA y consolidar el cobro de impuestos. En cuanto al exalcalde Massagué, ha quedado turbado cuando el presidente del tribunal no le ha dejado leer su última palabra. Un obstáculo que se ha convertido en parálisis cuando ha criticado que su secretario, por cuestiones personales, lo había involucrado en el caso. El magistrado le ha resaltado con contundencia que las manías personales entre ambos no eran el objeto del juicio. Massagué ha acabado solo pudiendo lamentar el trance que ha tenido que pasar durante 13 años de instrucción.
