El caso Sitges, abierto por presuntas irregularidades con los fondos del Ayuntamiento del municipio destinados a la Mesa del Tercer Sector Sitges-Garraf, continúa ofreciendo sorpresas con la pertinente réplica política. En el plenario del pasado jueves planeó un elemento nuevo que ha hecho levantar las orejas a los investigadores del Grupo 32 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía que instruyen el caso. En concreto, es un decreto de la alcaldesa, la republicana Aurora Carbonell -imputada en la trama-, del 24 de enero de 2022, con el que abría una “información reservada” -un inicio de investigación interna- contra la denunciante de los hechos, la interventora del Ayuntamiento.
El decreto, al cual ha tenido acceso El Món, era una reacción defensiva ante el requerimiento de la policía, que reclamaba la documentación que acompañaba la denuncia. Con la apertura de la información reservada -el mecanismo interno de investigación que tiene la administración-, la documentación requerida quedaba bajo control de la alcaldesa y del gerente del Ayuntamiento. La oposición, formada por PSC y Junts, ahora, al enterarse de esta maniobra, considera que fue “engañada” por la alcaldesa porque con la información reservada se bloqueaba el acceso a los documentos. De hecho, el sistema de la información reservada permitía a la alcaldesa y al gerente poder controlar qué pedía la policía y saber quién había podido tener acceso a los documentos para denunciar los hechos.
De hecho, el grupo socialista ha sido uno de los más críticos con la situación porque cuando se abrió el expediente interno formaban parte del gobierno municipal. El portavoz de los socialistas, Luis Miguel García, lamentaba que la alcaldesa al abrir esta información reservada también “ocultaba al resto de grupos de gobierno información relevante en lo referente a las solicitudes de la UDEF”.
Los socialistas han pedido la dimisión de la alcaldesa antes de que declare ante la jueza instructora el mes de febrero próximo. Una fecha que coincide plenamente con el Carnaval de Sitges, una fiesta emblemática del municipio. En todo caso, el PSC ya ha avanzado que sopesa ser acusación particular en el procedimiento instructor. La derivada política del caso podría generar a medio plazo cambios en el gobierno municipal. De hecho, Luis Miguel García se ha convertido en uno de los principales arietes del gobierno municipal, para conseguir aclarar que ha pasado en el consistorio con el dinero de la Mesa del Tercer Sector.
Retorno de las subvenciones deprisa y corriendo
Por otro lado, la oposición ha vuelto a ver decisiones, como mínimo, “extrañas”. La última, y por la cual ya han pedido explicaciones, como se vio en el turno de ruegos y preguntas del último plenario, es la decisión de incoar un expediente de devolución de subvenciones a la Mesa del Tercer Sector de Sitges-Garraf, donde se centra el foco de la investigación. Una decisión, que se tramitó con carácter de urgencia, y con que formalmente el consistorio inicia los trámites para recuperar las subvenciones del 2019 y 2020 concedidas a la entidad. Una cifra que llega a los 90.000 euros, 45.000 euros cada ejercicio.
La decisión ni siquiera se comentó en la última junta de portavoces del consistorio y pilló desprevenidos a los grupos. El decreto de reintegro, al cual también ha tenido acceso El Món, se basa en la advertencia emitida por la intervención del consistorio en el informe definitivo del control financiero. Este documento indicaba que tanto en las cuentas de 2019 como en la de 2020 habían detectado “incidencias” que calificaban “de importantes”. Así mismo, los técnicos financieros del consistorio admitían que no disponían de suficiente información para «concluir sobre la procedencia o no de la justificación de la actividad realizada”. De hecho, los grupos opositores opinan que un proceso de este tipo tendría que haber pasado por plenario.
También resaltaban que no habían podido evaluar la importancia de las incidencias encontradas para constatar si la gestión y justificación de la subvención fue “adecuada”. “En todo caso, estas limitaciones a la verificación de la subvención y las incidencias que se han puesto de manifiesto, nos llevan a pensar que la justificación de la subvención ha sido insuficiente y, por lo tanto, motivo de reintegro total previsto en la normativa aplicable”, concluye el informe. Partiendo de este documento, el gobierno municipal ha tirado por el camino del medio y deprisa y corriendo, justo un mes antes de empezar las declaraciones judiciales por el caso, han decidido reclamar oficialmente subvenciones que están en el sumario que investiga el juzgado de instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú. El caso ya cuenta con 16 imputados y se está a la espera de nuevos análisis documentales de la policía y de las declaraciones para continuar las diligencias policiales.
