Escrito jugoso y muy sarcástico de Josep Lluís Alay –cabe de la oficina del presidente al exilio, Carles Puigdemont– imputado por terrorismo en el sumario de Tsunami Democrático que instruye el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Alay ha presentado un recurso, que firma su abogado Gonzalo Boye, con que no solo pide acceso a las actuaciones, después de cuatro años de investigación, sino que pone el caso como ejemplo de manual de
En el escrito aportado, Alay enfatiza que se ha enterado por la prensa del procedimiento y ha quedado sorprendido de las acusaciones y de la supuesta ingente investigación a que ha sido sometido. Así, ruega al juez García Castellón que le libre las actuaciones para «no solo defenderse» sino que «además, ser los primeros a desmentir a aquellos que atribuyen a este procedimiento un contenido que, si fuera cierto, sería incompatible con el ordenamiento de cualquier estado democrático y de derecho, también respecto del derecho de la Unión». El escrito es un aviso a navegantes para advertir al juez que no hace falta que piense en la justicia europea para intentar esquivar la amnistía de los independentistas implicados en la causa del Tsunami.
«Resulta inimaginable»
El escrito, de diez páginas y al cual ha tenido acceso El Mundo, Alay y su abogado reclaman que los notifiquen como mínimo las resoluciones con que, supuestamente, el juez prorrogaba el secreto del sumario. Además, formula una serie de preguntas con un tono pillo, para desmontar la interlocutoria con la cual ayer García Castellón relacionaba un muerto y un policía herido con el Tsunami Democrático para justificar una imputación por terrorismo que no se ha creído ni la Fiscalía.
«Resulta inimaginable pensar que este juzgado haya estado investigando mi defendido sin haber notificado a su defensa ninguno de las resoluciones dictadas en todo este tiempo, como mínimo las actuaciones de prórroga del secreto», razona el escrito. «Resulta inimaginable pensar que este juzgado haya estado investigando como delito de terrorismo unas manifestaciones o protestas ciudadanas, por muy masivas o concurridas que hayan estado», continúa el escrito. «Resulta inimaginable pensar que este juzgado pretenda realizar planteamientos prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a unas conductas –manifestaciones–, por masivas que hayan estado, que no constituyen ningún delito», añade el abogado de Alay.
Así mismo, insiste en el concepto «inimaginable» en el vínculo que hace el juez entre las protestas y la muerte de un turista o en el hecho que se investigue como terrorismo «la actividad académica o profesional, incluso política» de Alay. Y, incluso, dice que es «más inimaginable» pensar que se haya investigado un eurodiputado como el presidente al exilio Carles Puigdemont sin haber pedido el correspondiente suplicatorio. Unas peticiones con ironía para poder «desmentir» quienes acusan Alay de haber participado en todos estos actos.
