Ya lo advirtió en el suyo penúltimo escrito, pero ahora lo detalla más. Josep Lluís Alay, cabe de la oficina del presidente al exilio, Carles Puigdemont, ha vuelto a presentar un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, apuntando que su titular, Manuel García Castellón, podría cometer malversación de fondos públicos si continúa envolviendo la causa del Tsunami Democrático con terrorismo. Paralelamente, la defensa de Alay insiste en que la causa se instruye contra el que la justicia europea ha calificado de Grupo Objetivamente Identificable (GOI). La secretaria general de ERC, Marta Rovira, también investigada en la causa se ha personado.
El escrito presentado hoy al Juzgado, al que ha tenido acceso El Mundo, replica las diligencias acordadas el 27 de noviembre de 2023 sobre la muerte de un ciudadano francés por causa natural, después de sufrir un ataque de coro al aeropuerto del Prat, justo el día que empezaban las protestas por la sentencia del Proceso. El escrito, extraordinariamente llevar, pide parar estas diligencias por «inutilidad, impertinencia y ausencia de cualquier necesidad». Incluso, cita la entrevista a la hija de la víctima con que reclama no utilizar políticamente la muerte de su padre.
«Tratamiento proporcionado, adecuado, correcto y ético de los recursos públicos»
En su escrito, la defensa de Alay que dirige el letrado Gonzalo Boye, asegura que el juez instructor está contraviniendo las obligaciones internacionales sobre actuaciones legales antiterroristas. «Hay un incumplimiento sistemático de las normas europeas aplicables al caso», resalta Alay. Así mismo recrimina que en cuatro años no se haya investigado nada y ahora, de golpe, «ciudadanos de otro estado miembro de la Unión Europea ante una situación ni deseada ni prevista al ordenamiento de la Unión, pero que, además, está comportando el acoso de los familiares del ciudadano francés tristemente muerto». «El señor Scherzinger nunca fue considerada víctima del terrorismo porque siempre se ha sabido que no estamos ante actas terroristas», remacha el recurso.
En este marco, la defensa de Alay razona que «se está ante un uso indebido de recursos públicos para hasta ajenos a cualquier proceso penal». «La conducta del juzgado no tiene el tratamiento proporcionado, adecuado, correcto y ético de los recursos públicos», remarca. Siguiendo este hilo, los abogados de Alay consideran que «se incurre en una desviación de poder incompatible con el artículo 9.3 de la Constitución, y se está haciendo un uso poco ético de unos hechos lamentables que son muy lejos de ser un asesinato terrorista». Por estos motivos pide parar estas diligencias y esta instrucción.
