El fiscal antiterrorista de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, continúa la guerra contra el juez instructor de la causa del Tsunami Democrático. Y, además, sube el tono. Así se desprende del último escrito que ha presentado ante Manuel Garcia Castellón, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El fiscal lo acusa de llevar a cabo argucias procesales para sostener una imputación por terrorismo contra una decena de personas, entre las que se cuentan el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también exiliada.
En el escrito, al que ha tenido acceso El Món, el ministerio público se abona a los recursos de apelación interpuestos por el jefe de la oficina del presidente Puigdemont, Josep Lluís Alay y por la jefa de gabinete de la consejera de Educación, Marta Molina. Los dos recurrieron la decisión de enviar la causa al Tribunal Supremo porque había dos presuntos aforados: Puigdemont y Rovira. La crítica airada de fiscalía es directa, cortita y al pie, hasta el punto que acusa el magistrado de ir «más allá de la Guardia Civil» y de confundir «Tsunami Democràtic con otros movimientos como los CDR».
Diligencias inútiles
«Hasta hoy, el instructor ha llevado a cabo diligencias que no han incidido en absoluto ni han aportado ningún dato nuevo sobre la inculpación de los dos aforados, y es especialmente significativo en la figura de Puigdemont, al cual, ni siquiera la Guardia Civil efectuaba ninguna atribución de los hechos objeto de la investigación», asegura fiscalía. En este marco, Carballo remarca que «las diligencias se han centrado en investigar, o acreditar más bien, las consecuencias de los actos de desorden público llevados a cabo en Cataluña a finales de 2019 por varios colectivos y por variadas personas, pero no ha incidido ninguna de las diligencias acordadas ni practicadas en la responsabilidad supuesta de los aforados».
«Todavía más, ha extendido la práctica de diligencias a la acreditación de hechos que ni siquiera se recogen a los informes de inteligencia de la Guardia Civil llevando a cabo una amplitud del objeto del procedimiento sin justificación», alerta. «El Instructor», aduce fiscalía, «en los cimientos de algunas de sus resoluciones llega a confundir el fenómeno de Tsunami Democrático con los CDR cuando se trata de entidades o actuaciones absolutamente diferentes». Así, el fiscal riñe sin complejos al juez porque los agentes de la Guardia Civil, en sus atestados, muestra como algunos de los investigados a la causa del Tsunami tienen «interés a contactar y contar con la actuación de los CDR, exponente evidente que se trata del mismo fenómeno».
Por otro lado, carga contra las trampas del juez para mantener la causa abierta. Es especialmente duro cuando acusa al instructor de resolver «prolongaciones artificiosas» con sucesivos traslados del recurso de fiscalía a partes que se iban personando en el procedimiento y sin «ni siquiera exigir a estas partes la presentación de sus escritos y el cumplimiento formal de sus escritos personaciones en plazo, con esto dilatando la tramitación del recurso».
