Se ha dicho que «todas» las asociaciones de jueces del estado español se han manifestado en contra del pacto del PSOE con Junts por las referencias a una ley de amnistía en proceso de redacción y las menciones al lawfare y a la judicialización de la política. Pero no es cierto. Una asociación de jueces, creada en Cataluña en 2018 –en pleno estallido de la represión contra el Procé–, mantiene una posición diferente y se desmarca de esta guerra contra la amnistía. Se trata de Ágora Judicial. A pesar de que se creó en Barcelona, es de ámbito estatal porque necesariamente tiene que ser así –el cuerpo judicial es estatal– y de hecho tienen algunos afiliados –pocos– fuera de Cataluña. Ante un ruido de togas atronador –asociaciones, el Consejo General del Poder Judicial y salas de gobierno como la del Supremo y el TSJC y muchos juzgados decanos de Cataluña–, Ágora ha optado por el silencio. En conversación con El Món, su portavoz, Xavier González de Rivera, explica por qué. Y la esencia es esta: «Los partidos pueden decir lo que los dé la gana, nosotros no nos tenemos que meter en esto».
La argumentación, sin embargo, no queda ahí. González de Rivera afirma abiertamente que Ágora «no está de acuerdo» con el comunicado que hicieron las principales asociaciones de sus compañeros: Jueces y Juezas por la Democracia, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente. A pesar de que admiten que ven el texto del pacto entre el PSOE y Junts «poco afortunado», el hecho de que las asociaciones de jueces reaccionaran con aquel comunicado los parece que era «hablar para hablar y opinar políticamente». «Son opiniones políticas, aunque las vistan de defensa del derecho a la igualdad y de la independencia judicial. Le ponen la cobertura de un derecho constitucional y a partir de ahí opinan políticamente. Nosotros tenemos muy claro que no tenemos que emitir opiniones políticas», subraya.
Actitud perjudicial para la independencia judicial
«No nos parece que la participación que están teniendo los estamentos judiciales en este debate sea provechosa ni que beneficie a la independencia judicial, al contrario. Lo que están haciendo es opinar sobre cuestiones políticas sin que nadie se lo haya pedido. Y ya no hablemos de que el CGPJ tome posición preventivamente contra la ley de amnistía, cuando ni siquiera se conocía el contenido», se lamenta.
Ahora que ya se ha hecho público el texto de la proposición de ley registrada por el PSOE –que no necesariamente va a ser el definitivo–, González de Rivera admite que los jueces pueden analizarlo como con cualquier otra ley. Y la valoración que hace Ágora es «cualquier ley que quiera regular una situación excepcional tiene que tener una interpretación de la situación de excepcionalidad, y la amnistía está regulando una situación que en la misma exposición de motivos se define como una situación excepcional, y esto está fundamentado y entra dentro del marco constitucional». No quieren incidir más porque «quien tiene que decidir sobre la constitucionalidad del texto es el Tribunal Constitucional».
El lawfare, «un término político, no jurídico»
Lo que más hizo saltar las alarmas entre los jueces, o al menos en lo que hicieron hincapié, fueron las referencias al lawfare que contiene el pacto del PSOE y Junto y la posibilidad de que se creen comisiones de investigación parlamentarias de donde puedan salir conclusiones que sean argumentos para presentar a los juzgados por parte de los
«¿Quién son los órganos judiciales para limitar de que se habla en un Parlamento?»
Y, sobre las posibles comisiones parlamentarias, se extraña de la reacción que ha provocado esta referencia. «Ya hay comisiones parlamentarias sobre asuntos que están judicializados. Cuando se disolvieron las Cortes, estaban en marcha tres comisiones que afectaban casos judicializados, Spanair, Operación Cataluña y financiación del PP», recuerda.
«Otra cosa es si después de estas comisiones se sacan muchas conclusiones, que suelen ser pocas. Pero lo que no puede ser es que se quiera limitar el Parlamento, que es el máximo órgano de representación del pueblo, el más democrático. Esto ya lo dijimos cuando se limitaron los debates en el Parlamento de Cataluña, no puedes limitar de que se habla. ¿Quién son los órganos judiciales para limitar de que hablan los Parlamentos?». La conclusión del portavoz de Ágora es clara: los jueces y órganos judiciales que han entrado en esta guerra contra la amnistía y los pactos de Pedro Sánchez «están extralimitándose y al final les pasará factura en términos de independencia judicial, justamente el que dicen que quieren preservar. Será un bumerán, hablar tanto de esto se revolverá contra ellos.»
