«Hemos utilizado una infraestructura que pone en riesgo la vida de los usuarios por falta de mantenimiento, como se demuestra que ha habido muertos, heridos y daños materiales». Esta es la reflexión que los integrantes y coordinadores de la entidad de defensa de la minoría nacional catalana Acció Cassandra, los abogados Josep Rosell y Lluís Gibert, que les ha llevado a la decisión de anunciar una querella contra los operadores que integran el servicio de Rodalies después de los dos accidentes que han dejado una víctima mortal y varios heridos y han suspendido sine die la circulación de los trenes. Así lo han explicado a El Món sus impulsores, que vislumbran la posibilidad firme de aplicar el delito contra la seguridad colectiva que determina el artículo 350 del Código Penal, a pesar de tener presente la investigación que, a raíz de la muerte del maquinista en el descarrilamiento de Gelida de anoche, está en curso.
«Este cierre preventivo no es por un riesgo estructural general conocido previamente, sino una medida reactiva ante un accidente concreto más temporal, de acuerdo, pero abre la puerta a analizar si había negligencias previas que hicieron posible el accidente», argumentan desde Acció Cassandra. Entendemos que, por ahora, se puede abrir una causa en aplicación del artículo que ve delitos cuando «se infringen normas de seguridad en la conservación, acondicionamiento o mantenimiento de obras públicas como vías, muros de contención, puentes, viaductos… que son claramente obras análogas». «Esta infracción pone en peligro concreto la vida o integridad de personas, o al medio ambiente y puede ocasionar resultados catastróficos, múltiples víctimas, daños masivos», añaden.
¿Conocían los riesgos?
La intención de la querella es intentar aclarar o acreditar que ADIF o los responsables técnicos de la operadora como ingenieros, jefes de mantenimiento o directivos conocían «riesgos previos» en muros de contención, taludes o infraestructuras vulnerables con lluvia intensa. Es decir, si existían «informes técnicos ignorados, inspecciones pendientes, falta de inversiones crónica denunciada durante años, y no actuaron». «Eso sería infracción grave de normas de seguridad como el Reglamento de Circulación Ferroviaria, las normas europeas de seguridad ferroviaria o planes de mantenimiento de Adif», aducen.
En este sentido, consideran que no había un «peligro abstracto» porque con una «víctima mortal, heridos y suspensión total del servicio apuntan el riesgo colectivo para miles de usuarios diarios». Además, recuerdan que la doctrina y la jurisprudencia aceptan la forma imprudente grave y no sería necesario el dolo o una voluntad de hacer. «Si el muro de contención tenía deficiencias estructurales conocidas como erosión o falta de refuerzo y no se mantuvo adecuadamente, encaja perfectamente en conservación o mantenimiento de obras», remarcan. «Si la infraestructura no estaba en condiciones seguras antes del accidente será uno de los puntos clave de la investigación», sentencian. Ahora, los abogados de Cassandra se centran en evaluar cómo definir la querella y establecer sus mecanismos para conseguir los fondos que permitan abrir las actuaciones.
