El 2023 ha sido el año de los pactos del PSOE con Esquerra y Junts per Catalunya para permitir que Pedro Sánchez pudiera continuar a la Moncloa como presidente del gobierno español. El 2024, que apenas empieza, es el año que pondrá a prueba el grado de cumplimiento de los socialistas españoles con los acuerdos logrados con el independentismo y como gestiona la presión que ejercerá el PP para intentar desgastar al gobierno español. Así mismo, este año también servirá para resolver algunas incógnitas como, por ejemplo, cuando se aprobará definitivamente la ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso y cuando podrán volver los exiliados a Cataluña. Por otro lado, el 2024 será otro año electoral, con la vista puesta a las elecciones europeas, que se celebrarán en junio, pero en el que también se celebrarán elecciones en Galicia y el País Vasco. Estas son las incógnitas que se tendrán que resolver este año:
1. ¿Cuándo se aprobará definitivamente la amnistía?
De momento, el proyecto de ley de amnistía apenas ha superado el primer examen. Las enmiendas podían presentarse hasta el 3 de enero, y así ha sido con las que se han presentado a la totalidad. Pero el PSOE ha pedido una prórroga y las parciales, en el articulado, se podrán presentar hasta el día 16. Después, se fijará un pleno extraordinario para debatir y votar las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y UPN. El siguiente paso será trabajar las enmiendas parciales en la comisión de justicia. De ahí saldrá el redactado final. Todo apunta a que se votará y se aprobará en el Congreso con la mayoría de 178 diputados del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNV, Podemos y el BNG. El problema es que, después, la ley debe pasar por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y lo ha aprovechado para forzar una reforma del reglamento. Pese a que la Mesa del Congreso aceptó la tramitación de la ley por la vía de urgencia, esta reforma permite que sea el propio Senado quien determine si una tramitación debe realizarse o no por la vía de urgencia. De esta forma, los populares disponen de vía libre para aplazar un máximo de dos meses toda la tramitación del texto y es previsible que lo acaben vetando o tumbando en la cámara alta. Sin embargo, cuando la ley vuelva al Congreso, acabará aprobándose con la misma mayoría de 178 diputados.
2. ¿La ley es de aplicación inmediata?
Podría ser que sí, pero es improbable con el rechazo que están mostrando diferentes estamentos judiciales a la norma y podrían paralizar, durante un tiempo, todo el procedimiento. Por lo tanto, también la aplicación de la amnistía y el archivo de las causas afectadas. Existe la posibilidad de que se hagan cuestiones prejudiciales a Europa y que se tenga que pronunciar el Tribunal Constitucional (TC), que en última instancia es quien dirá si la ley se adecua al marco legal. En ambos casos, la jurisprudencia establece que se paralizaría todo el procedimiento hasta que no hubiera un pronunciamiento del TC y lo TJUE. Es decir, la aplicación definitiva de la amnistía dependerá del que se tarden a resolver estas cuestiones al Constitucional y a la justicia europea.
3. La reunión de Sánchez con Puigdemont y Junqueras
Todavía no hay ninguna fecha exacta para los encuentros de Pedro Sánchez con Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. De momento, solo sabemos que el presidente español fijó los encuentros, que se celebrarán por separado, para después de la aprobación de la amnistía. «Es el lógico», remarcó en una entrevista radiofónica. En cambio, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dio más detalles sobre el contenido y resaltó que el encuentro «no va de fotografías, va de resolver un conflicto político». «Harán una reunión como es debido para profundizar en la resolución del conflicto político. El que se creyó más oportuno es que haya un encuentro como es debido el rato que haga falta», sentenció.
4. ¿Cuándo podrían volver los exiliados?
Esto dependerá del riesgo que quieran asumir. Con garantías plenas, solo podrían volver cuando ya se hubieran resuelto las diferentes cuestiones al Constitucional y a la justicia europea. Hasta que estos organismos no se pronuncien, la amnistía no se aplicaría formalmente y las causas no quedarían archivadas. De todos modos, las cuestiones de inconstitucionalidad y las prejudiciales al TJUE paralizan todo el procedimiento judicial hasta que se resuelvan del todo y las causas todavía no quedarían archivadas. Pero, en principio, tampoco se podrían ordenar detenciones. Si están dispuestos a asumir este riesgo, los exiliados podrían plantearse volver con cuestiones todavía abiertas sobre la amnistía.
Por otro lado, hay que tener en cuenta la aprobación del Real decreto ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el cual se aprueban “medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo” y que muchos consideran como un tipo de reforma del sistema jurisdiccional por la puerta trasera. De hecho, el artículo 43 Apartado dos bis que regula las cuestiones prejudiciales que los jueces y magistrados pueden presentar ante los Tribunales Europeo ha provocado la indignación del independentismo, sobre todo de Juntos, porque suspendería cualquier procedimiento iniciado para reclamar la amnistía de cualquier persona procesada que se considere con derecho a reclamarla.
5. ¿Pere Aragonès agotará la legislatura?
El presidente de la Generalitat siempre ha señalado que su intención es agotar la legislatura y esto depende, en gran parte, si el Gobierno catalán, que a estas alturas solo tiene el apoyo de los 33 diputados de ERC, consigue aprobar los Presupuestos del 2024. De hecho, el mismo Aragonés ha iniciado el año presionando el PSC, Juntos, los Comunes y la CUP y avisándolos que “poner muchas líneas rojas puede imposibilitar un acuerdo”. A pesar de esto, todo hace indicar que los republicanos se tendrán que decantar para pactar unas cuentas con el apoyo de los dos grupos independentistas o bien que el PSC y los comunes conviertan de nuevo en sus socios para aprobar las cuentas. Sea como fuere, el presidente ya ha puesto fecha: «Si pueden entrar en vigor a finales de enero o a principios de febrero, mejor que más adelante. No se tiene que retrasar excesivamente mucho». Por otro lado, el futuro del presidente también estará marcado por los resultados que consiga en la tabla de diálogo entre gobierno y la capacidad para desplegar los acuerdos logrados.
6. Los primeros presupuestos del nuevo gobierno español
Otro de los retos que tendrá el gobierno español a partir de este mes de enero será la elaboración, tramitación y aprobación de los presupuestos, los primeros de la legislatura y los primeros con la aritmética que dejó el 23-J: el PSOE necesita todos los votos de la investidura para tirar adelante las cuentas. Así, la ministra de Hacienda y flamante vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se tendrá que remangar para negociar con todos los grupos. El PSOE tendrá que negociar con Sumar para salir adelante las políticas que ambas formaciones cerraron en el acuerdo de legislatura, pero el trabajo duro la tendrán en el Congreso, donde los socialistas españoles habrán de negociar, tanto sí como no, con ERC y Bildu, Podemos y el BNG, que tensarán la cuerda desde la izquierda, y con Junts y el PNB, que ya han anunciado que trabajarán de manera coordinada e intentarán hacer de contrapeso hacia la derecha.
Los últimos tres cuentas públicas contaron, entre otras, con el apoyo de Esquerra, el PNB y Bildu, pero ahora necesitan sumar Junts per Catalunya a esta ecuación porque si los juntaires se oponen a ello, los presupuestos generales no se podrán aprobar (siempre y que el PP y Vox también voten en contra). De momento, Míriam Nogueras ya ha amenazado que votarán en contra de los reales decretos ley que se debatirán la segunda semana de enero. En el Congreso se prevé un continuo tira y afloja para salir adelante cualquier ley, pero los presupuestos son la primera gran prueba de fuego para la estabilidad del gobierno español.
7. ¿Quién será el cabeza de lista de ERC y Junts para las elecciones al Parlamento?
Otro aspecto que se tendrá que resolver este 2024 es la fecha de las elecciones en el Parlamento, que se tendrán que convocar a finales de diciembre si Pere Aragonès consigue agotar la legislatura. En este año preelectoral, Esquerra y Junts tendrán que decidir cuál será su candidato a la presidencia de la Generalitat. Aragonés siempre ha mostrado su intención de repetir, pero, igualmente, ha dejado la decisión final en manos de la militancia de Esquerra. Aun así, a Esquerra hay el rumor de fondo sobre la posibilidad que el presidente del partido, Oriol Junqueras, lo quiera ser en caso de que la amnistía llegue a tiempo, cosa altamente probable.
En cuanto a Junts, muchos dirigentes del partido ven con buenos ojos que el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, que será con toda probabilidad el candidato de Junts a las europeas, sea el candidato del partido a la presidencia de la Generalitat. De hecho, en el partido no se esconden, pero dejan la decisión final en sus manos y parece que, ahora mismo, no estaría en predisposición de presentarse. Además, hay que tener en cuenta todo el procedimiento de la ley de amnistía y como se acaba resolviendo el caso del Tsunami Democrático que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que ha imputado Puigdemont y la secretaria general de Esquerra Republicana Marta Rovira, entre otros, porque ve indicios de terrorismo. Otros nombres que han sonado son lo del secretario general, Jordi Turull, y el del ex consejero Josep Rull.
En cuanto a la CUP, todo dependerá de como acabe el proceso de refundación. El independentismo, esta vez, según las encuestas, se juega la mayoría en el Parlamemto catalán y, de hecho, quien parte como mejor posicionado para ganar las elecciones en el Parlamento es el primer secretario del PSC, Salvador Isla, que ya ha confirmado que será el candidato de los socialistas catalanes a la Presidencia de la Generalitat. Sea quien sea, la incógnita sobre quienes serán los candidatos del independentismo tiene que quedar resuelta este año.
8. Elecciones europeas, gallegas y vascas
Las elecciones europeas serán el primer duelo directo entre el PSOE y el PP después del 23-J y de los pactos del socialismo español con el independentismo. Los populares aspiran a superar los socialistas, y ya han puesto la suya maquinaría electoral en funcionamiento y han llevado la amnistía en la Eurocámara con el aval del jefe de filas de los populares europeos, Manfred Weber, que reprochó a Pedro Sánchez su cambio de opinión respecto a la ley de amnistía y lo amenazó con una comisión de investigación en el Parlamento Europeo sobre la situación del estado de derecho en España. Podemos, por su parte, han anunciado su apuesta por Irene Montero como candidata y afrontará una cita decisiva por su futuro en la cual querrá reivindicarse diez años después de su irrupción.
Antes de esta cita, los socialistas y populares tendrán que confrontar sus proyectos a las elecciones gallegas, que se han avanzado al 18 de febrero. Por otro lado, los comicios vascos se esperan para la primavera o en verano y las encuestas pronostican que PNB y PSE-EE serán capaces de reeditar el gobierno de coalición. De entrada, los tres principales partidos han cambiado sus caras: Imanol Pradales será el candidato del PNB a lehendakari, Pello Otxandiano liderará la lista de Bildu y Eneko Andueza encabezará la candidatura del PSE-EE.
9. ¿Se renovará el CGPJ con mediación europea?
Este año también tiene que ser (o no) lo de la renovación del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) después de cinco años de bloqueo y con unas funciones limitadas. Uno ahora o nunca en que la mediación de la Comisión Europea requerida por el PP tiene que servir por fin a esta anomalía que supone que el órgano de gobierno del gobierno tiene más de cinco años con el mandato caducado.
Ha llovido mucho desde el 21 de noviembre del 2018, cuando Pedro Sánchez pidió al entonces líder del PP, Pablo Casado, que permitiera «la renovación» del CGPJ y ahora el PSOE y el PP han conseguido aproximar sus posiciones para negociar en el último encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo antes de acabar el 2023. Aun así, el acuerdo no se prevé que sea fácil, puesto que los socialistas proponen un cambio de las vocales que formen el plenario, antes de abordar una reforma legal “que cumple la recomendación del Consejo de Europa, que es que la mayoría de los miembros del Consejo de Jueces son elegidos por sus compañeros». En cambio, el PP quiere afrontar primero la reforma legal antes de apoyar a cualquier cambio dentro del CGPJ actual.
10. Las comisiones de investigación en el Congreso y tensión con el Poder Judicial
El inicio de la legislatura española, además de la amnistía, también ha sido marcado por la aprobación de tres comisiones de investigación a solicitud de los partidos independentistas sobre la Operación Cataluña, el Caso Pegasus y los atentados de agosto del 2017 en Barcelona y Cambrils. Después de salir adelante gracias al apoyo del PSOE, las comisiones se tienen que poner a trabajar: primero se constituirán y elegirán su Mesa, después aprobarán el plan de trabajo y quien tiene que comparecer. Posteriormente, se celebrarán las comparecencias y, finalmente, debatirán y votarán las conclusiones.
El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) ya ha avisado que no permitirá que los jueces asistan y el PSOE ha desmentido que tenga la intención de convocarlos. Sea como fuere, las comisiones de investigación, las acusaciones de lawfare y las acusaciones de los portavoces de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y en el Senado, Josep Lluís Cleries, contra el presidente de la Sala de lo penal del Supremo, Manuel Marchena; el instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena; la primera instructora, Carmen Lamela, o el expresidente Carlos Lesmes han incrementado las tensiones entre el poder legislativo y el poder judicial. De hecho, el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, ya clamó contra los “frecuentes e injustos intentos de deslegitimación” que, a parecer suyo, está sufriendo la judicatura por parte de algunos representantes públicos. «Bajen la tensión, déjennos en paz”, dijo en un acto donde estaba presente el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.
