La Sindicatura de Comptes no ve nada claros los números de la Diputación de Lleida. Según el último informe de fiscalización de la auditoría pública del ente supramunicipal de las comarcas de poniente, al cual ha tenido acceso El Món, las subvenciones otorgadas a los consejos comarcales para «asistencia jurídica» de los municipios rechinan. En concreto, el síndico Manel Rodríguez, que ha estado poniendo del informe, ha analizado la prestación del servicio de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica en los municipios durante el ejercicio de 2022. Este documento, aprobado por el plenario el pasado 18 de junio, indica el poco control jurídico y económico de los 4,47 millones de euros que la Diputación dedica a este plan.
El informe es bastante llevar y sentencia que «los parámetros y los criterios» empleados por la Diputación para «determinar y distribuir equitativamente las subvenciones del ejercicio 2022 no estaban bastante amparados por un análisis objetivo, realista y actualizada«. Incluso, el mismo informe pone en entredicho la capacidad de control que tiene el organismo sobre las tareas que se pagan con estas subvenciones. «Hay que señalar», destaca el informe, «que la Diputación no dispone de un instrumento jurídico ni de un plan estratégico que establezca los objetivos a lograr, los recursos para llevarlos a cabo, los criterios de coordinación con los consejos comarcales y los órganos responsables del seguimiento, control y evaluación de las actuaciones hechas».
Dos planes y ningún control
La auditoría, de 58 páginas, explica que las subvenciones se otorgan anualmente mediante el plan de cooperación comarcal y financian los 2 servicios siguientes: el Servicio de Asistencia Técnica para la Prestación de las Funciones Públicas necesarias a las corporaciones locales reservadas a funcionarios de habilitación nacional (SATPFP) y el Servicio de Cooperación y de Asistencia en los Municipios de la Comarca (SCAMC), que para el ejercicio 2022 fueron de 1,85 M€ y de 2,62 M€, respectivamente. Dos importes que sumarían los 4,47 millones. Además hay que añadir el apoyo informático, donde el auditor subraya que no entra porque es un servicio contratado básicamente con empresas externas.
Según la Sindicatura, el otorgamiento de estas subvenciones sufren de varios defectos de cálculo, como por ejemplo bases de datos incorrectas, importes desactualizados, informaciones incorrectas, ningún análisis sobre las cargas de trabajo de los lugares de trabajo subvencionados, determinaciones de dinero a «un tanto levantado, sin atenerse a ningún criterio de cuantificación y de distribución objetivo y equitativo». Datos que la Sindicatura considera que no permiten hacer un análisis exhaustivo y reprochan pagos fuera de plazo y carencia de documentación.
Poner manos a la obra y asear este gasto
La auditoría pública, con las cifras en la mano, no se está de leer la cartilla a la Diputación y ordenarle que recomponga esta línea de subvenciones. Así le reclama «elaborar y aprobar un reglamento en que se especifique el régimen de funcionamiento y de prestación de los diferentes tipos de servicios y un catálogo con las actividades a realizar dentro de cada línea de actuación, incluidas las de los consejos comarcales».
También propone «establecer los mecanismos de coordinación y cooperación con los consejos comarcales», por eso, indica que la mejor vía sería «la suscripción de un convenio en que se especifiquen las condiciones y los compromisos asumidos por ambas partes». Por otro lado, reclaman un plan anual de control financiero con «actuaciones encaminadas a verificar el funcionamiento de estos servicios y a comprobar que la gestión de los recursos empleados se ajusta a los principios de buena gestión financiera en términos de eficacia, eficiencia, economía, calidad y transparencia». Condiciones que ahora están en entredicho.
