El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no descarta calificar Cataluña como una «zona de especial singularidad». Una reclamación persistente de los sindicatos mayoritarios del Cuerpo Nacional de Policía y de los parasindicatos de la Guardia Civil. El objetivo de conseguir esta calificación supone reforzar el estatus de los agentes desplegados en Cataluña con un incremento sustancial en la nómina. Esta calificación se aplicó años atrás, por ejemplo, en Euskadi. Ahora, sindicados del CNP y asociaciones del instituto armado reclaman esta calificación para el Campo de Gibraltar y para Cataluña, por razones diferentes.

La portavoz del PP de Interior en el Congreso, Isabel Borrego, preguntó al ministerio del Interior sobre la posibilidad de que Cataluña y el Campo de Gibraltar obtengan este nuevo estatus de seguridad. La respuesta de Marlaska, por escrito, llegó el 23 de noviembre al Congreso, un documento al cual ha tenido acceso El Món, un texto en el que el ministro juega con las posibilidades y con el argumento del incremento de recursos para no aplicar ya esta medida, sin rechazarla para el futuro.

El general José Luis Tovar y su número dos, jefes de la Guardia Civil en Cataluña/Mireia Comas
El general José Luis Tovar y su número dos, jefes de la Guardia Civil en Cataluña/Mireia Comas

«Un estudio permanente»

En la respuesta sobre Cataluña, se afirma que el «gobierno, a través del Ministerio del Interior, mantiene un estudio permanente sobre la posibilidad de establecer medidas en determinadas zonas del territorio español que, por su singularidad especial, permitan ajustar los cometidos del Estado a la singular realidad social que presentan». Ahora bien, el ministro deja entender que si esta categoría no se ha aplicado es porque se han impulsado medidas que han permitido evitarlo. En concreto, «el incremento sostenido de los medios». Una medida que, según la respuesta parlamentaria, «se hace sin que haya que establecer nuevas zonas de especial singularidad en territorio nacional».

La reclamación laboral y política de los sindicatos y asociaciones de esta zona de especial de seguridad se nutre con el argumento de los episodios vividos en Cataluña a raíz del Procés. Así, entienden que los desórdenes públicos o el nivel de tensión que aseguraban vivir y trabajar requería un plus y mejoras no solo de medios sino de condiciones laborales. De hecho, el ministerio aplicó parte de las características de esta calificación por la puerta de atrás en 2017 y posteriormente, a través del “plus de productividad Cataluña” que supuso un incremento de 21 millones de euros en la nómina de policías y guardias civiles.

Vehículos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en el Camp de Gibraltar/Interior
Vehículos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en el Camp de Gibraltar/Interior

Como el Campo de Gibraltar

En esta línea, el ministro añade a la misma respuesta la situación del Campo de Gibraltar, una zona donde el narcotráfico y el crimen organizado han arraigado con fuerza. Según el ministro, la actual Instrucción 3/2022 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la cual se aprobaba el III Plan Especial de Seguridad 2022-2023 para el Campo de Gibraltar permite esperar a la aplicación de la Zona de Especial Singularidad.

Hoy por hoy, según el ministerio del Interior, el plan «da continuidad a una serie de líneas de acción estratégicas de carácter operativo» que, asegura, «ha dado bonos resultados». En este plan hay el refuerzo de medios humanos y la dotación de medios materiales y tecnológicos. De hecho, en unas declaraciones recientes Marlaska aseguraba que en el Campo de Gibraltar hay una zona de especial singularidad «de facto», una aseveración que evita ampliar a Cataluña.

Fernando Grande Marlaska, en un encuentro con la Guardia Civil en el Camp de Gibraltar/ Nono Rico-Europa Press
Fernando Grande Marlaska, en un encuentro con la Guardia Civil en el Camp de Gibraltar/ Nono Rico-Europa Press
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