El consejero de Interior durante los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, Joaquim Forn, ha cerrado la sesión de comparecencias de esta tarde en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre los ataques terroristas. Y no ha dudado en criticar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al gobierno español de aquel momento y, quizás sin intención, dejar en evidencia al entonces jefe del cuerpo de Mossos d’Esquadra y actual director general de la Policía, Josep Lluís Trapero.
Forn ha pronunciado una primera intervención donde ha descrito con hechos que ha ido recopilando cómo fueron las cosas aquel mes de agosto para justificar una dura acusación contra las policías y los servicios de inteligencia, sobre todo en cuanto al descontrol y la libertad de actuación que tuvo el imán de Ripoll, cerebro de la célula yihadista, Abdelbaki es-Satty. «No caeré en ninguna especulación gratuita, me he remitido a los hechos y a partir de estos puedo constatar la enorme negligencia policial», ha señalado. Forn, ejerciendo su oficio político, ha disparado contra la «reacción política de los atentados». Una reacción que, a su parecer, vino de la mano de la vicepresidenta del gobierno español, que habría promovido «una estrategia a través de algunos medios de comunicación para ensuciar y cuestionar la actuación de los Mossos d’Esquadra».
No le dijeron nada del imán
El exconsejero y ex preso político de Junts per Catalunya también ha explicado en respuesta a las preguntas del diputado de Sumar, Eloi Badia, que no tuvo conocimiento de las relaciones del imán de Ripoll con el CNI, hasta que ya llevaba tiempo en prisión. De hecho, se refería a las primeras informaciones que aparecieron que sólo mencionaban cuatro reuniones y no seis como acreditan los documentos desclasificados. Es decir, y relacionando su comparecencia con la del mayor Trapero, los Mossos d’Esquadra que ya sabían de los contactos del imán con el CNI, la policía de la Generalitat no le informó. «La información de inteligencia no circulaba con la rapidez que debía circular», ha rematado.
Por otro lado, Forn ha recordado que en la primera reunión que se hizo por la tarde con el presidente español, Mariano Rajoy, no invitaron a nadie del Gobierno de Carles Puigdemont. Asimismo, ha recordado que en la segunda reunión para explicar la evolución de las investigaciones, ha relatado que Rajoy dio voz a los responsables del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la Guardia Civil para que dieran su parecer y no dijeron nada porque la investigación la llevaban los Mossos. «Vi la cara de estupor de Soraya Saenz de Santamaria y pensé que tendríamos problemas… algunos no lo aceptaron suficientemente bien y las consecuencias ya las sabemos», ha comentado.
En este sentido, también ha subrayado que el entonces ministro del Interior, José Ignacio Zoido, declaró a la prensa que se había desarticulado la célula cuando aún el terrorista que había asesinado a 16 personas en las Ramblas estaba libre por Cataluña. «Reconocieron que se habían equivocado», ha añadido Forn para reprochar que «algunos hicieron política y otros fueron rigurosos para desarticular esta célula yihadista».
Reproches
Forn también ha destacado que a raíz del Proceso político que vivía Cataluña, Madrid puso muchos problemas a los Mossos. «No se permitió a los Mossos d’Esquadra hacer una convocatoria de 500 plazas, absolutamente necesarias, para garantizar la presencia en todo el territorio», ha informado. «El Estado sólo permitía 50», ha recordado.
Por otro lado, ha subrayado que se detuvo durante meses la compra de armamento, que tenía el visto bueno de la Secretaría de Seguridad pero que la Guardia Civil paralizó. «En una situación de alarma terrorista de nivel 4/5, el Estado se dedicaba a regatear los recursos necesarios a la policía de Cataluña», ha reprochado. Un hecho que no se resolvió hasta la aplicación del 155 y cuando se nombró para dirigir el departamento de Interior a José Antonio Puigserver.
