Nuevo paso en el camino judicial de la denuncia presentada por Societat Civil Catalana (SCC) contra los responsables de las «graves irregularidades detectadas en la gestión de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)». Todo ello en base al Informe 2/2025 de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña que advertía del sueldo de cuatro directivos del ente que “cobraban más que un consejero” y, por otro lado, criticaba cómo se llevó a cabo la elección de los actuales directores de Catalunya Ràdio y TV3, Sigfrid Gras y Jordi Borda.
La entidad españolista presentó una denuncia que recayó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat que ya inició diligencias y reclamó la entrega de documentación a la CCMA y a la Sindicatura de Cuentas. Este lunes, sin embargo, se ha dado uno de los primeros pasos para proseguir la instrucción. En concreto, que el presidente de SCC, Àlex Ramos, ha ratificado la denuncia. Un paso imprescindible para continuar el trámite procesal.
Toda la entidad
Así, acompañado por Ferran Brunet, miembro de la Junta Directiva de SCC, y por los abogados Juan Chapapría y Mario de Diego, Ramos ha asegurado a la jueza que mantiene la denuncia presentada el pasado mes de abril. En este marco ha manifestado que «quiere que los hechos se sigan investigando ante los evidentes indicios de prevaricación, por malversación de fondos públicos ilícita de recursos públicos«. Los hechos afectan al Consejo de Gobierno de la CCMA y a diversos cargos directivos y técnicos.
La jueza inició diligencias el pasado mes de mayo al considerar que «pueden ser constitutivos de un delito de los comprendidos en el ámbito del artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». En su auto de incoación, la jueza requirió a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña para que aporte el informe 2/2025 en su versión íntegra. También reclamó a la CCMA y a sus entidades vinculadas la aportación de numerosa documentación.
La denuncia también ha servido a SCC para ampliar la denuncia aunque solo en el ámbito político y no judicial. «Los hechos comprobados por la Sindicatura en los ejercicios 2021 y 2022 podrían no ser casos aislados, sino parte de un patrón sistemático de gestión delictiva con relevante impacto económico y posible trascendencia penal», asegura Ramos en nombre de la entidad.
