«Cataluña es un país seguro, pero pasan cosas que no nos gustan». Este es el algoritmo que solo empezar el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha puesto sobre la mesa en el debate monográfico sobre seguridad que se ha celebrado esta tarde en el Parlamento. Un debate espoleado por el PSC-Unidos para Avanzar, después de episodios violentos vividos en Cataluña. Un pleno donde se ha constatado el tono propositivo del portavoz de Interior de los socialistas, Ramon Espadaler, todo y la dureza con que a menudo carga contra las políticas de la consejería de Interior. La casualidad ha querido que el debate coincida con la negociación de una investidura muy compleja de un socialista a Madrid, la de Pedro Sánchez, con quien ERC ya ha pactado.
Aragonès ha comenzado el debate, después de una justificación de petición del jefe de la oposición, el socialista Salvador Illa, enfatizando que la seguridad va más allá de la política policial, judicial o penitenciaria, poniendo de relieve las «políticas de cohesión social» porque cuando «más desigualdades, más delitos». Ahora bien, Aragonès y el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, han subrayado el aumento de la percepción de la inseguridad. Un problema que, según su parecer, es habitual en los países de nuestro entorno. También han destacado que este discurso se incrementa porque los partidos políticos que hacen del «miedo» una arma política. En su defensa, el consejero Elena ha recordado que han aumentado los delitos de desobediencia en el entorno de los países europeos. La idea es incrementar la plantilla de Mossos d’Esquadra hasta 22.000 efectivos.
Un modelo de policía más próxima y transparente
Elena ha reivindicado a la apuesta de su departamento por un modelo de policía «más próxima, tecnificada, social y transparente». «Nosotros defendemos que la seguridad se garantice así, no dándose puñetazos en el pecho y haciendo cara de enfadado, sino dando medios a nuestra policía», ha indicado, y ha señalado la reforma y la reestructuración de los Mossos así como el incremento de su tecnificación. Elena también ha defendido que el objetivo de la seguridad es «garantizar derechos y libertades», un objetivo que «no solo se logra desde la acción policial».
Por su parte, Espadaler venía de celebrar una reunión con un buen grosor de alcaldes que han capitaneado la protesta por la inseguridad y que muchos de ellos se han dejado ver a la tribuna de invitados de la cámara catalana. Se ha reunido con la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Nuria Parlón; el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón; el alcalde de Mataró, David Bote; el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez; la alcaldesa de San Adrià, Filo Cañete; el alcalde de Vilanova, Juan Luís Ruiz; el alcalde de Esparreguera, Eduard Rivas; el alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz; la alcaldesa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido y, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, ha participado el tercer teniente de alcaldía, Albert Batlle. Precisamente, a la tribuna de invitados, también había representantes sindicales de los Mossos, como David Miquel, del SPC, y del secretario general de SAP Fepol, Pere Garcia Quer. Precisamente, este sindicato ha convocado una protesta contra la política del departamento esta mañana ante el Parlamento donde se han concentrado centenares de Mossos.
Espadaler ha mostrado un tono propositivo espoleando el acuerdo en las propuestas de resolución del pleno que se votarán jueves, como por ejemplo intentar que haya unas ordenanzas marco para las policías locales y políticas de coordinación policial. Ahora bien, no se ha estado de criticar los primeros acuerdos que los republicanos construyeron con la CUP al inicio de legislatura y se ha propuesto como garante de nuevas políticas de seguridad. «La CUP ha abandonado el apoyo al Gobierno, abandonen ustedes las políticas de la CUP. Hay que revertir las decisiones que han dejado la policía en la estacada», ha propuesto Espadaler. Así mismo, ha pedido restituir la autoridad de los Mossos. Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de Juntos, Albert Batet, ha instado el Gobierno a cambiar el rumbo de las políticas de Interior, y la CUP a no hacer caso del discurso del miedo que espolea la extrema derecha.
