La campaña electoral de las elecciones estatales del 23 de julio ha tenido un rumor de fondo. Discreta, pero interesante. La configuración de los acuerdos en la poderosa Diputación de Barcelona, la institución supramunicipal de segundo nivel que gestiona millones de euros para políticas municipales. El pasado 13 de julio se constituyó el plenario y se eligió como presidenta de la corporación a la alcaldesa de Santo Boi del Llobregat, la socialista Lluïsa Moret. Pero, como en las buenas sagas de cine, hay una segunda parte: la presión que los Comunes, con la ayuda de la diputada de Tot per Terrassa, Maise Balcells, están haciendo para que ERC acepte una oferta del PSC de entrar al cartapacio del gobierno de la Diputación. Es decir, configurar un tripartito de izquierdas –con el apéndice de los dos independientes de Junts que también votaron a favor del PSC– en una de las instituciones clave del país.
De hecho, ERC y los socialistas ya han acordado la gobernabilidad de las diputaciones de Lleida y Tarragona, con la presidencia por los republicanos Joan Talarn y Noemí Llauradó, respectivamente. Dos maniobras que les otorgan un colchón institucional enorme, en unas demarcaciones donde el poder y la influencia de las diputaciones es notoria. Desde ERC aseguran que en Barcelona «les han tirado los trastos», pero, por ahora, «en plena campaña» se niegan a hablar. «Ya veremos si hablamos de algo después de las elecciones en el Congreso», advierten fuentes de la formación. En todo caso, ven que fijar la fecha del 26 de julio, solo tres días después de los comicios españoles, para el pleno del cartapacio, «no es una buena manera de empezar». Los socialistas, por su parte, tienen el silencio como respuesta cuando se les pregunta por el estado de la negociación. La reconfiguración del mapa electoral de Cataluña a raíz de las elecciones municipales coincidirá con el inicio de las consecuencias de las elecciones estatales.

La constitución del plenario, la pista
«Sí que nos festejan», insisten los republicanos, que aun así se hacen de rogar. De hecho, los discursos del plenario de constitución del nuevo mandato ya dieron pistas. Moret fue elegida en segunda votación con el apoyo de 25 diputados: los 17 del PSC, los cinco de Comunes, un de Tot per Terrassa y dos díscolos asociados al grupo de Junts per Catalunya. Estos últimos, miembros de Impulsem Penedès, han abierto una grave crisis con la dirección de Junts, con algunas voces que piden la cabeza de David Saldoni, la mano derecha del secretario general Jordi Turull, encargado de la gestión de la política municipal y, por lo tanto, de los pactos con el líder de Impulsem, Sergi Vallès, y con Marc Castells, el alcalde de Igualada, que iba bajo el mismo paraguas.
En su discurso, Moret ya se dirigió tanto a los diputados que le habían apoyado como ERC pidiendo hacer un «camino hacia la configuración de un gobierno amplio, plural, de progreso y progresista». Pero ERC no quiere dejarse llevar por cantos de sirenas en medio de unas complicadísimas elecciones estatales. De ahí que los republicanos nieguen haberse sentado a conversar y que hayan pospuesto cualquier reunión para después de la cita electoral del 23-J, pero tampoco «con prisa». Por eso les «rechina» que se haya convocado el plenario del cartapacio el próximo 26 de julio. «No creemos que sea una buena idea poner esta fecha si quieren contar con nosotros para hacer un gobierno de izquierdas y progresista», ironizan los republicanos.
Pero quien intenta hacer de

ERC, de momento, se concentra en el 23-J
En el pleno de investidura de Moret, el jefe de filas de ERC en la Diputación, el alcalde de Moià y tótem municipal de los republicanos Dionisio Guiteras, aguantó el discurso de Moret y no cerró ninguna puerta. De hecho, fue bastante suave en las formas y ofreció «mano extendida, colaboración y diálogo». En esta línea, Guiteras aseveró que los republicanos «no miramos atrás» y se comprometió a «iniciar una nueva etapa y construir». «Una construcción basada en la confianza y el entendimiento, sin dar vueltas a las cosas que ya no nos llevan a ninguna parte», advirtió. «Un diálogo que tiene que servir para que la institución funcione», añadió.
El cebo de socialistas y comunes es la diputada de Tot per Terrassa, Maise Balsells. Su apuesta por negociar la investidura de Moret a cambio de inversiones y financiación para proyectos de su ciudad y de su conurbación urbana aleja el debate de siglas por el de gestión. Al final, fue el mismo argumento de los dos díscolos de Junts, el alcalde de Igualada, Marc Castells, y Sergi Vallès, alcalde de Torrelles de Foix, que votaron a Moret a cambio «de inversiones estratégicas» en sus territorios y frustraron la negociación de Junts con ERC para formar un gobierno independentista en la corporación supramunicipal. En este contexto, los socialistas y comunes piden a ERC que se integre en el gobierno de la Diputación para «ampliar el concepto de progresista» sobre todo en la gestión de los fondos municipalistas y sociales. Los republicanos esperan y, de momento, no quieren hablar. Después de domingo, la agenda y el contexto habrán cambiado.
