La viceprimera secretaria de organización y acción electoral del PSC, Lluïsa Moret, ha asegurado este lunes que confían «plenamente» en la palabra del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y en el cumplimiento del acuerdo para la realización de la B-40.
Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en la sede de los socialistas, donde también ha sostenido, respecto al proyecto acordado en los presupuestos de la Generalitat para 2023, que no hay «un plazo explícito», pero reclama que se cumpla.
El PSC y el Gobierno pactaron en el acuerdo que la Generalitat haría efectivo el convenio para ejecutar la conexión de la B-40 entre Sabadell, Terrassa y Castellar del Vallès (Barcelona) el primer trimestre del año. Preguntada por el vencimiento de la fecha tope, Moret ha asegurado que no los viene de una semana, en sus palabras: «Entendemos que a veces los grandes proyectos tienen sus tempos».
«Insisto que el acuerdo es firme y quedó ratificado y expresado públicamente por el presidente de la Generalitat», ha afirmado Moret, que también ha asegurado que no los consta una fecha para la comisión de seguimiento del proyecto.
Puntos de no acuerdo
El gobierno español ha explicado que la discusión sobre esta vía es «como hacer avanzar los cinco kilómetros» que hay entre el final de la actual B-40 y su enlace con la B-124, lo cual permitiría al tráfico de Castellar del Vallès evitar el centro de Sabadell. Han lamentado que el tramo ya construido está infrautilizado y que la propuesta es cerrar la anilla con la Ronda Oeste de Sabadell, lo cual permitiría «vaciar la C-58 y conectaría el Vallès y el Baix Llobregat» más fácilmente. Las mismas fuentes han subrayado que el gobierno español no quiere «hipotecar» una posible ampliación hacia Granollers que, en todo caso, sería un proyecto diferente.
El Gobierno no quiere la participación de España
Otro de los puntos de desacuerdo entre ambas administraciones es la presencia del Ministerio en la coordinación de los trabajos, puesto que la Generalitat no la quiere y el ejecutivo estatal aboga para participar «para asegurar que se cumple el que necesita la demanda». Así mismo, ambas administraciones disienten sobre si la infraestructura se tendría que financiar a través de la disposición adicional tercera del Estatuto, como defiende el Gobierno, o tendría que ser una inversión aparte, como defensa la Generalitat. En todo caso, las mismas fuentes se han mostrado dispuestas retomar las negociaciones: «Ya sabemos que el proyecto no gusta, pero es el que se acordó».
