La comisión de la verdad ha señalado a los responsables de la estructura B del partido que realizaba campañas de contraste. Joan Tardà, como presidente del órgano interno, ha sido el encargado de presentar las conclusiones de la investigación ante el pleno republicano e informó sobre los cargos que han sido responsables de estas campañas de contraste. Tardà informó de los cargos con suficiente exactitud para que todos en la sala supieran de quién se estaba hablando, aunque no dio los nombres. Según ha podido saber este diario, se señaló al departamento de Comunicación y Estrategia y al vicesecretario de comunicación y, sin citarlos, a Oriol Duran, Marc Colomer, Oriol Lladó, Sergi Sabrià y Carles Foguet. Otra conclusión del órgano de Tardà ha sido que los responsables del muñeco de Junqueras y los carteles fueron los mismos. «En un momento dado se perdió el control y la ética», afirmó el vicesecretario general de comunicación, Isaac Albert, durante una rueda de prensa.
Además, se ha detallado que la empresa Relevance Marketing S.L, que ayudó a ERC a gestionar la estructura B del partido, ha facturado 4 millones de euros entre 2016 y 2023, y según ha podido saber El Món, serían 254.000 euros los destinados a estas campañas. Este es otro dato que se desprende de las conclusiones que la comisión. Tardà ha sido el encargado de presentar el informe y entregarlo a la presidenta del Congreso Nacional del partido, quien lo ha hecho llegar al responsable de Cumplimiento y a la Comisión de Garantías, que deberá analizar el informe y tomar las decisiones que considere pertinentes sin plazo fijado. «El informe habla del papel protagonista de la empresa, pero tiene un papel protagonista en muchas cosas porque era un proveedor muy importante», señaló el vicesecretario general de comunicación, Isaac Albert, quien destacó que también ha participado en diferentes «campañas electorales».
Por otro lado, la comisión ha dejado claro que el presidente del partido, Oriol Junqueras, no tenía conocimiento y que, en cambio, la exsecretaria general, Marta Rovira, sí lo sabía. «El documento termina diciendo que ha habido algunos miembros que han sido injustamente señalados públicamente y, según sus investigaciones, no queda demostrado en ningún caso que fueran partícipes ni que tuvieran el liderazgo en estas campañas», subrayó Albert. De hecho, la comisión de la verdad ha desvinculado a Tolo Moya de participar en este tipo de campaña.
Jové y Aragonès se niegan a comparecer
«Hay mucha gente que ha comparecido y mucha que no», se limitó a decir Albert en la atención a la prensa y, posteriormente, detalló que han comparecido 18 personas de un total de 30 que han sido citadas. Es decir, 12 no lo han hecho. El presidente del grupo parlamentario, Josep Maria Jové, el expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, según ha podido saber El Món, son algunos de los dirigentes que han sido llamados por la comisión de la verdad y no han asistido a declarar. Marta Rovira sí lo ha hecho, pero por escrito. Esto puede conllevar cambios institucionales como que Jové sea relevado de la presidencia del partido meses después de que la dirección lo ratificara en el cargo.
«Disculpas a los militantes»
De manera insistente, Albert ha remarcado las «disculpas a los militantes, a los votantes y al país» por estas campañas de contraste que ha calificado de «perversas». «Han sido unos hechos que no deberían haberse producido nunca por respeto a la militancia», subrayó. En este sentido, calificó el informe de «muy claro» y certificó la existencia de una trama B del partido. Una «Estructura paralela» que quería dar respuesta de manera «original» y con «inmediatez» que acabaron convirtiéndose en «dinámicas perversas».
Según las explicaciones de Tardà, con estas campañas los «ciudadanos fueron consumidores y los militantes en vendedores». «Se perdió la ética», sentenció aunque lamentó que no «saltaran las alarmas antes». En todo caso, el informe se ha entregado a la presidencia del Congreso y al responsable de cumplimiento del partido que ahora debe cerrar la instrucción y entregarla a la ejecutiva. Eso sí, la dirección así como el pleno ha rogado a la comisión que se apresure en sus conclusiones, aunque estatutariamente, no tiene ningún plazo concreto para resolver.
