El PSOE y Junts cierran una de sus negociaciones clave del presente curso político. Según fuentes conocedoras de las conversaciones han confirmado a la agencia Europa Press, los partidos han culminado un acuerdo para transferir a la Generalitat las competencias en materia de inmigración. El entendimiento se hace definitivo horas después de que las formaciones comenzaran a dar pistas de que las posturas se estaban acercando. Así, socialistas y juntaires vuelven a encarrilar su relación después de las tensiones en torno a la cuestión de confianza que plantearon los del presidente en el exilio Carles Puigdemont. La retirada de la moción a finales de la pasada semana, de hecho, se reveló como un punto de inflexión para recomponer los lazos entre grupos políticos.
Queda aún por conocer la letra pequeña del acuerdo, que no ha sido revelada. Los grupos llevarán durante la presente semana el proyecto de ley al Congreso de los Diputados. La situación se ha revertido especialmente después de que los de Carles Puigdemont decidieran hacer «un último esfuerzo» para rehacer los puentes con los socialistas, erosionados por los diversos incumplimientos de los pactos que sirvieron para entregar los votos independentistas para consumar la investidura de Pedro Sánchez. El compromiso se aceleró a raíz de que el mediador internacional de la relación entre partes, Francisco Galindo, pidiera a los catalanes retirar la cuestión de confianza contra el jefe del ejecutivo español. Tras este gesto, comenzaron a producirse «avances significativos» en una negociación que estaba cerca del estancamiento.
Puntos de discrepancia
En las últimas semanas, el grupo parlamentario que preside Míriam Nogueras en el Congreso de los Diputados se había referido al control de fronteras como uno de los grandes obstáculos para lograr un pacto. Nogueras, de hecho, ha sido crítica con las reticencias del ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, a ceder en uno de los ámbitos clave de la gestión migratoria. Las partes chocaban también en las atribuciones de los Mossos d’Esquadra en lo que respecta a la atención a las personas migrantes, así como en el control de la migración irregular, una potestad que Moncloa defendía que «corresponde solo al Estado. “Las líneas rojas que no se pueden traspasar son las que la misma Constitución establece como competencia exclusiva del Estado y no permite la delegación, como el control de fronteras, por ejemplo”, declaraba Marlaska. Ahora, esta lejanía parece haberse desvanecido, si bien habrá que esperar para conocer el detalle de la transacción.
