Junts per Catalunya ha suspendido a cuatro afiliados del Maresme durante dos años a raíz de una denuncia que interpuso el Comité Comarcal el 30 de junio del 2022 ante la Comisión de Garantías del partido contra cinco militantes por “la estrategia” de la candidatura encabezada por Montserrat Viñas, que perdió el proceso de primarias para escoger la nueva presidencia comarcal del Maresme, y por «críticas» y «descalificaciones personales» realizadas en Twitter contra la ejecutiva comarcal de la formación en el Maresme y contra el presidente de esta, Carles Bosch. El partido resolvió el expediente el pasado 16 de octubre, casi un año después de abrirlo, y comunicó la suspensión a los afiliados. Ahora, tres de los cuatro afectados, según ha podido saber El Món, han enviado un burofax al secretario de la formación, Jordi Turull, para reclamar su restitución como afiliados porque consideran que se han producido un seguido de irregularidad durante todo este proceso y, además, no descartan llevar el caso a la Fiscalía si el partido no reconsidera su decisión. Este diario ha contactado con el partido para conocer su versión, pero no se pronuncia sobre estas cuestiones. De hecho, en una entrevista esta semana con El Mundo, Turull dejó claro que en ningún caso se manifestará sobre tensiones internas y que estos asuntos se tienen que resolver a la Comisión de Garantías sin su intervención.
En la denuncia que inició el proceso, documento al cual ha tenido acceso El Món, se remarca que la candidatura de Montserrat Viñas creó un relato «en que intentaba sembrar la sombra de la duda» sobre la candidatura que ganó las primarias comarcales y también contra su presidente, Carles Bosch. La denuncia iba dirigida contra la misma Viñas, Jordi Sagristà, Xavier Sargatal, Climent Faus y el regidor de Cabrils Xavier Almirall, y fue impulsada por los 20 miembros del Comité Ejecutivo Comarcal de Junts en el Maresme, entre los cuales figuran el ex consejero Miquel Buch y la diputada Judith Toronjo, entre otros. Tres de los militantes suspensos han asegurado, en conversación con este diario, que en el listado de denunciantes figura gente que no dio su consentimiento para poner su nombre, como es el caso del alcalde de Orrius, Xavier Masgrau, y la regidora de Cabrils, Marta Gómez, que también consta, y Noemí Llorens, a pesar de que no forma parte de la ejecutiva del Maresme.
El diputado de Junts Joaquim Jubert, como miembro del Comité de Garantías del partido, fue el encargado de analizar la denuncia del Comité Comarcal y el 24 de noviembre del 2022 comunicó a cuatro de los cinco afectados la apertura de un expediente disciplinario contra ellos y abrió un periodo de «alegaciones de descargo». Uno de los militantes suspensos afirma que el regidor de Cabrils, Xavier Almirall, «desapareció de golpe» y por eso no consta en el escrito de Jubert.
La Comisión de Garantías desestimó las alegaciones de los afectados en una reunión el 27 de diciembre del 2022 y el 3 de enero de este año Jubert los comunicó los acuerdos a través de un correo electrónico, al cual ha tenido acceso El Món, en que se los decía que «el nombre del instructor los ha sido debidamente comunicado» y añadía que «los denunciantes y los hechos que motivan el expediente han quedado acreditados para ser públicos». En este sentido, la Comisión de Garantías, según los documentos, acordó «retomar la tramitación de la instrucción del expediente disciplinario» contra Montserrat Viñas, Xavier Sargatal, Jordi Sagristà y Climent Faus y los dio un plazo de 15 días hábiles para volver a presentar alegaciones.
En el plazo marcado, el 20 de enero, Sagristà presentó un escrito de alegaciones para denunciar que se había producido la «vulneración de garantías y diferentes derechos de las personas a quienes se los ha abierto expediente, provocando efectiva indefensión y, por lo tanto, la nulidad de todo el expediente«. Además, denunciaba la «vulneración del derecho a la presunción de inocencia«, la «falta de transparencia en la designación del instructor», la «recusación del instructor» y, finalmente, defendía que las manifestaciones que impulsaron la denuncia estaban efectuadas en «ejercicio de la libertad de expresión«.
Los denunciantes impulsaron cuatro quejas a la Comisión de Garantías
Los cuatro denunciados no recibieron ninguna notificación más sobre este expediente hasta el pasado mes de octubre, pero durante este tiempo presentaron cuatro quejas ante la Comisión de Garantías. Una primera contra el ex consejero Miquel Buch, donde reclaman un expediente disciplinario por unas declaraciones que hizo contra la presidenta del partido, Laura Borràs, el pasado 13 de marzo, pocos días después de que el juicio contra Borràs quedara visto por sentencia. Dos contra la lista presentada por Junts en el Consejo Comarcal, porque según ellos no se respetó la normativa de convocar asamblea de electas ni tampoco se respetó para convocar la asamblea comarcal para ratificar la lista que se presentaba, y una última contra Magda Oranich, donde piden su cese por las declaraciones que ha hecho “reiteradamente” contra Borràs. Los militantes suspensos afirman que en todo este tiempo no han recibido ningún tipo de respuesta por sus escritos y, además, sospechan que la Comisión de Garantías «reactiva» sus expedientes como «venganza» por sus denuncias.
Suspensión en dos actos y alegaciones para «recurrir a la justicia ordinaria»
De hecho, después de estas cuatro denuncias, Joaquim Jubert comunicó el pasado 19 de octubre la suspensión a los cuatro afiliados durante dos años a través de un correo: «Por la presente os notifico la resolución acordada por la Ejecutiva Nacional en fecha 13 de marzo de 2023 en relación con las denuncias presentadas contra usted por la ejecutiva del Maresme por la que se os suspende como afiliado del partido por el plazo de dos años». El día siguiente, Montserrat Viñas compartió a primera hora del día el mensaje de la suspensión a través de Twitter y poco más de dos horas después los militantes recibieron otro correo de Jubert con una rectificación de la fecha de la suspensión: «Disculpáis el error material respecto a la fecha del acuerdo de la Ejecutiva que fue el 16/10/23».
Malgrat que el miembro de la Comisión de Garantías los comunicó que no se podían presentar alegaciones contra el acuerdo de la Ejecutiva Nacional, Viñas, Sagristà y Sargatal, que se han desmarcado de Climent, enviaron un escrito el pasado 27 de octubre a Joaquim Jubert, con copia a la presidenta del partido, Laura Borràs, al secretario general, Jordi Turull y al secretario de organización, David Torrents; para trasladarlos que «el artículo 3.13.1 de la ponencia organizativa aprobada en el congreso del Hospitalet, ahora vigente, establece que contra el acuerdo que adopte la Ejecutiva Nacional respecto de la propuesta de resolución de la Comisión de Garantías, las partes implicadas pueden interponer recurso al mismo órgano, dentro de los diez días hábiles siguientes desde la notificación de la resolución». Es decir, defienden su derecho de presentar alegaciones contra la resolución que se los ha comunicado recientemente.
En el documento, consultado por El Món, pusieron de manifiesto que desde el día 20 de enero, que presentaron las alegaciones, hasta el 19 de octubre, que les comunican la suspensión, «han pasado nueve meses» y la Comisión de Garantías, de acuerdo con el que establece el artículo 3.13.1 de la ponencia organizativa en relación con los procedimientos disciplinarios, dispone de un plazo de «tres meses a contar desde el acuerdo de inicio de la apertura del expediente disciplinario para acordar la propuesta de resolución exprés para trasladarla a la Ejecutiva Nacional». Es decir, defienden que el partido no los puede suspender porque «ha caducado en no haberse resuelto en los plazos que marcan los estatutos y normas internas del partido».
Por todo esto, tres de los cuatro afiliados afectados pidieron a la Comisión de Garantías y la Ejecutiva Nacional que «estimen» sus razones y «reconsideren la decisión, en el plazo de 20 días hábiles que establece la normativa, y acuerden restituirme la plena militancia». «Si no fuera así», avisan, recurrirán a la «justicia ordinaria, para defender los derechos que me están siendo vulnerados como militante, tal como prevé el artículo mencionado». A todo esto, hay que sumar que el pasado 10 de noviembre enviaron «un burofax» al secretario general del partido, Jordi Turull, «con certificación de contenido» exponiendo todos los hechos y reclamando que se aporte «un certificado del acuerdo» de suspensión acordado por la Ejecutiva Nacional y la restitución de sus derechos como afiliados, entre otras cosas, y, según la respuesta que reciban (en la hora de publicar esta información no han recibido ninguno), no descartan llevar el caso a Fiscalía.
