Junts per Catalunya ha trasladado una queja al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) por la campaña institucional «8 millones de razones para disponer de un nuevo modelo de financiamiento» que ha lanzado el Govern, y que se emite, al menos, por Televisió de Catalunya, donde se afirma que se dispondrán de 4.686 millones de euros más para Catalunya. En una carta firmada por la presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales, y el portavoz Salvador Vergés, a la que ha tenido acceso El Món, se traslada al presidente del CAC, Xevi Xirgo, que esta campaña es contraria a la ley y, la califican de «propaganda política» y piden al organismo que tome medidas si la campaña no se adapta a la ley vigente.
Concretamente, la formación de Carles Puigdemont hace referencia al artículo 109.2 de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Catalunya. En este sentido, Junts recuerda que la norma establece que cualquier campaña de publicidad institucional «solo puede tener como objeto la información sobre los servicios públicos». Además, la ley también deja claro que «no puede promover ni desarrollar campañas que tengan como finalidad destacar la gestión o los objetivos alcanzados por los poderes públicos».
La carta recoge lo que dice la voz en off de la campaña: «Razones. Hay algunas muy pequeñas que hacen temblar un universo. Hay las que no quieren, las que no pueden esperar. Razones, y más razones. Razones…, hay muchas y, de sobrar, no sobra ninguna. Tenemos ocho millones de razones para disponer de un financiamiento propio y, ahora, 4.686 millones de euros más para llegar a donde queremos llegar. Generalitat de Catalunya. El Govern de todos». Esto, para el partido de Puigdemont es una «una campaña de propaganda política con mensajes vacíos».
Una campaña institucional basada en un «futurible»
Junts argumenta que la publicidad del Govern «intenta vender las virtudes de un acuerdo político con el Gobierno español sobre el futuro modelo de financiamiento», y subraya, además, que se trata de «un futurible» porque aún «no es una realidad y ni siquiera su consecución depende del Govern de la Generalitat». Además de todo esto, el anuncio «no aporta ninguna información concreta sobre servicios públicos para los ciudadanos». Por todo esto, instan al CAC a evaluar si la campaña cumple la ley y, en caso negativo, a adoptar las «medidas oportunas».
