Junts por Cataluña impulsa un reglamento interno de derechos y deberes de los diputados, que incluye sanciones económicas de hasta 1.000 euros, después de que cinco diputados se saltaran en el último pleno en el Parlamento la disciplina de voto durante la votación sobre el Mercado de los Pájaros de la Rambla. En concreto, tres diputados de Junts no votaron (Aurora Madaula, Joan Canadell y Francesc de Dalmases) y dos más (Jaume Alonso-Cuevillas y Cristina Casol) votaron contra las enmiendas de devolución del proyecto presentadas por PSC y comunes, que impedirán que se tramite la ILP que pide que el antiguo mercado de los pajareros se declare patrimonio cultural inmaterial. Inicialmente, Junts tenía que votar contras las enmiendas porque la ILP al menos se pudiera debatir, puesto que los impulsores habían recogido 56.000 firmas. Pero las indicaciones del grupo parlamentario a los diputados cambiaron el sentido del voto a última hora, después de que lo pidiera el grupo de Trias por Barcelona en el Ayuntamiento.
El presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, trasladó a los diputados afectados, próximos a Laura Borràs, la intención de sancionarlos desde un primer momento y, junto con la portavoz Mònica Sales, les notificó en reuniones individuales que como «castigo», según describen las fuentes consultadas, les dejarían sin intervenir durante tres llenos. En cambio, se dieron cuenta de que no les podían imponer una sanción económica porque el grupo no dispone de un reglamento interno con los derechos y deberes de los diputados, como sí que tiene el PSC. Por eso, ahora, según las mismas fuentes, la normativa de los socialistas ha servido de modelo para redactar el reglamento de Junts.
El texto ha pasado por el Secretariado Permanente del partido y los diputados lo han recibido hoy. El documento, al cual ha tenido acceso El Món y sobre el cual los portavoces oficiales de Junts no quieren hacer ningún tipo de declaración, establece una serie de deberes en los diputados, como por ejemplo asistir a los plenos y reuniones y avisar de incidencias, entre otras cuestiones, y remarca que en la orientación de voto se tienen que seguir «las decisiones adoptadas en las reuniones plenarias del grupo o, si no hay, por el presidente y/o portavoz en aplicación del programa electoral». También implanta que «solo se podrá alegar la cláusula de conciencia» en temas como la eutanasia, el aborto y cuestiones animalistas, pero esto se tendrá que comunicar «con antelación» a la dirección del grupo y se tendrá que discutir y acordar por el plenario del grupo».
En este sentido, el reglamento contempla sanciones de entre 300 y 1.000 euros si se emite algún voto diferente al establecido por el grupo. Además, también incluye la posibilidad de retirar, en el marco de las facultades de organización inherentes al presidente del grupo parlamentario, las responsabilidades parlamentarias que tengan asignadas los díscolos como diputados. Incluso, en casos de extrema gravedad «apreciada por la dirección del grupo», se puede expulsar del grupo «el diputado infractor previa comunicación y valoración del Secretariado Permanente del partido».
El resto de sanciones que contempla
El texto recoge otras sanciones menores por la inasistencia sin justificación a una reunión plenaria del grupo parlamentario (de 25 a 50 euros); por no asistir sin causa justificada a una sesión de una Comisión del Parlamento (de 100 a 150 euros), llegar tarde, o marchar antes de tiempo sin justificación del pleno del Parlamento, en especial a la sesión de control y a las iniciativas (de 50 a 100 euros); por inasistencia a una sesión del pleno del Parlamento sin justificación y la autorización del portavoz (de 150 a 250 euros) y para faltar a una votación en pleno o en comisión sin la autorización previa (250 euros).
¿Quién decidirá la sanción y la cantidad?
La potestad sancionadora recaerá en el/la presidente/a del grupo y en el/la portavoz y las sanciones, con un importe mínimo o máximo, se establecerán en función de la «trascendencia del hecho», de la infracción concreta, y también se tendrán en cuenta «los antecedentes» en cuanto a reiteración del infractor, que podrá recorrer la sanción ante el Secretariado Permanente del partido dentro de un plazo de cinco días a contar desde el día siguiente a su notificación. Este órgano interno podrá resolver el recurso y ratificar, modificar o retirar la sanción, pero el documento no especifica el plazo de tiempo que tendrá para hacerlo.
Por otro lado, el texto resalta que el impago de las sanciones, en la forma que se determine, puede comportar la posibilidad de «retirar las responsabilidades parlamentarias que tenga asignadas como diputado en el marco de las potestades de organización interna del presidente y el portavoz del grupo». Y, finalmente, detalla que todo el dinero recaudado por estas sanciones serán dados al partido.
