Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya, ya tiene más caparazones que una tortuga. Algo le ha servido el aprendizaje de muchos años como segundo de CiU en el Parlamento, de la fallida operación PDeCAT de 2016 y, sobre todo, de cuatro años de prisión. De ahí que no quiera sorpresas ni sustos y que, de cara al congreso de Junts que se celebra del 25 al 27 de octubre haya activado todos los cuadros territoriales, sectoriales y militantes con ascendencia para pasar el tamiz a la multitud de enmiendas que tenía, sobre todo, la ponencia organizativa. Es decir, la que esbozará el futuro reglamento del partido, una pieza clave en el funcionamiento y la dirección de la formación.
Tras un período de presentación de enmiendas, el pasado día 15 se agotó el plazo para que estas fueran presentadas en los debates asamblearios de las territoriales, las sectoriales y las corrientes ideológicas del partido. Un verdadero crisol de textos y opiniones de los militantes a través de las votaciones en estos cónclaves. Así, entre las cuestiones más polémicas se encontraban las enmiendas que criticaban el texto de la ponencia que apostaba por listas cerradas y bloqueadas, proponiendo que fueran, al menos, desbloqueadas. De las 61 enmiendas presentadas solo quedan vivas cinco, después de que gran parte hayan sido o bien retiradas o bien rechazadas por los militantes de cada cónclave o ‘caucus’ en el argot que muchos de los miembros de Junts comienzan a utilizar.
Algunas enmiendas se transaccionarán y otras llegarán vivas al congreso
Ahora, sin embargo, se abre otro período hasta el 23 de octubre, en el que los coordinadores de las ponencias podrán transaccionarlas. Si no se llega a ningún acuerdo, la enmienda pasará directamente a la asamblea del congreso, donde se podrá defender ante el cónclave, que tendrá la última palabra sobre si se aprueba o no. Impulsores de las enmiendas, sin embargo, ya advierten –en conversación con el Món– que, de momento, no hay ninguna voluntad de transaccionar porque sus propuestas son diametralmente opuestas al sentido del redactado de la ponencia organizativa.
De hecho, los impulsores de las enmiendas no piensan vender barata su posición porque consideran que abrir las listas de las candidaturas que se presentan para dirigir el partido es una «cuestión de fondo democrática». De ahí que, si no hay ninguna contraorden, lleguen al congreso de Calella y haya «un poco de mambo». Pero Turull ya ha sufrido bastante las maracas de los movimientos internos del partido para que ahora no lo pillen desprevenido. Así que ha preparado bien sus cuadros y la tropa que tiene entre los compromisarios del congreso para que hagan ganar el redactado de la ponencia organizativa tal como está.
La seguridad del turullismo, que goza de la confianza plena del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, es tal que el orden del día del sábado por la mañana ya prevé la votación del texto de la ponencia organizativa para abrir, inmediatamente, el plazo para la presentación de candidaturas. Y todo indica que solo habrá una y bloqueada. De hecho, Turull –que todos dan por hecho que repetirá como secretario general– está finalizando las conversaciones para elegir a la secretaria de organización, después de que, en principio, se haya descartado el nombre de Carmela Fortuny.
‘La enmienda Castellà’ y las que proponen cambios a la ponencia ‘El país que queremos’
En este marco, también cabe destacar una enmienda que permanece viva y que se ha bautizado como ‘la enmienda Castellà’. Un nombre que tiene el origen en el apellido del portavoz y diputado de Demòcrates, Antoni Castellà. La idea del congreso es acordar una federación o una fusión fría con los democristianos, un partido unilateralista nacido como escisión de Unió Democràtica de Catalunya y que siempre se ha mostrado favorable a la unidad estratégica del independentismo.
Esta enmienda trata de limitar la doble militancia de los afiliados al partido y la carencia de seis meses de carné para optar a los cargos de dirección. El hecho de que Castellà apunte maneras para ser uno de los cuatro vicepresidentes de la formación -junto con Míriam Nogueras, Anna Navarro y Albert Batet- ha levantado las orejas a una parte de la militancia que mantiene una enmienda viva para no permitir la doble militancia de los afiliados. Si la enmienda prosperase haría muy difícil que Castellà, o cualquier otro miembro de Demòcrates, o el mismo Agustí Colomines, que impulsó Junts per la República, optase a cargos de dirección.
Por otro lado, los organizadores del Congreso y de los grupos coordinadores de las ponencias han visto cómo en el debate previo de enmiendas, si bien se han reducido las que hacían referencia a la organizativa –que acumulaba un millar–, se han mantenido bastantes otras en la ponencia El país que queremos. Un hecho bastante natural por las circunstancias de un documento de esta tipología, que imagina y esboza cuál debe ser el modelo de país desde todas las ramas.
