Hecha la ley, hecha la trampa, y la policía dando tumbos. Así se puede definir la situación sobre las empresas que se dedican a las desocupaciones extrajudiciales de inmuebles y viviendas. Un negocio en auge que ha crecido en la actual biosfera de la crisis de la vivienda. De hecho, lo admite la propia consejera de Interior, Núria Parlón, en una respuesta parlamentaria escrita a preguntas del insistente portavoz de la materia de los Comunes, Andrés García Berrio.
La consejera contextualiza que «la operativa de las llamadas ‘empresas de desocupaciones’ ha ido evolucionando con el paso de los años». En este sentido, detalla cómo ha evolucionado su manera de trabajar y describe los trucos y resquicios que aprovechan para actuar. Ahora bien, Parlón no oculta que «intervenir desde el ámbito de la prevención es especialmente complejo en estos casos».
Así reconoce que a menudo, los policías imputan los delitos a «las personas físicas individualmente que los cometen y no a ‘la empresa’ para la cual trabajan o a la cual representan». Eso sí, siempre que haya alguna denuncia o los Mossos d’Esquadra tengan conocimiento de la comisión de algún delito. Además, Interior afirma que por ahora «no es posible ofrecer una explotación de los datos con este carácter específico».
Adaptables al mercado
La respuesta concreta la evolución de este tipo de empresas y entidades. «Primero, se presentaban en los inmuebles ocupados y se identificaban como empresa de seguridad privada y representantes legales de la propiedad, lo que dio lugar a su denuncia por intrusismo administrativo dentro del ámbito de la seguridad privada», informa la consejera. Posteriormente, se presentaban como «controladores de acceso -figura que no es del ámbito de la seguridad privada, sino del ámbito exclusivo de los espectáculos».
Finalmente, Parlón añade que han «modificado su comportamiento, presentándose como mediadores, abogados y/o representantes legales de la propiedad». Por lo tanto, esta vía hace que no se puedan denunciar sus acciones administrativamente por la Ley de Seguridad Privada. Por otro lado, la consejera también relata que «en la actualidad, una parte de estas ‘empresas’ actúan en Cataluña sin generar resonancia mediática ya que a menudo evitan dar a conocer sus acciones, mientras otras utilizan las redes sociales para darse a conocer y proyectar una imagen de legitimidad y eficacia, a menudo con el objetivo de atraer nuevos clientes o generar presión social«. Es decir, unas hacen el trabajo en silencio, otras lo difunden por marketing y otras actúan por motivos más políticos que económicos.
¿Cómo actuar?
En principio, son las Unidades Regionales de Policía Administrativa (URPA) las encargadas de inspeccionar presuntas infracciones en cuestiones de empresas que actúan irregularmente. En este sentido, la consejera explica que los últimos planes de acción de policía administrativa recogen, como uno de los objetivos, asegurar «la adecuación a la normativa de seguridad privada en los servicios de vigilancia, con especial interés en detectar y denunciar las empresas y el personal que realizan tareas de vigilancia sin tener autorización ni habilitación profesional respectivamente».
Ahora bien, a pesar de esto, Parlón no oculta que «intervenir desde el ámbito de la prevención es especialmente complejo en estos casos». «Normalmente, es necesario que la víctima informe de los hechos a la policía, para permitir el inicio de las actuaciones pertinentes y así instruir diligencias para poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial», añade.
En cuanto al número de hechos delictivos denunciados contra empresas que realizan prácticas de desocupación -las amenazas, coacciones, agresiones, violaciones de domicilio o cualquier otro delito relacionado- tampoco puede aportar datos ni hacer ninguna relación empresarial. «Se imputan a las personas físicas que han cometido la acción y no es posible ofrecer una explotación de los datos con este carácter específico», concluye.
