El PSC quiere aprovechar la polémica generada alrededor del caso de Laura Borràs para eliminar las pensiones vitalicias de los expresidentes del Parlamento y limitar las retribuciones que reciben cuando abandonan el cargo. Los socialistas han registrado esta mañana una proposición para modificar la ley sobre asignaciones temporales y pensiones a los presidentes del Parlamento y acabar con todos los privilegios que tienen los expresidentes de la cámara. Tanto el PSC como los comunes quieren evitar que Laura Borràs se beneficie de estas medidas si finalmente es inhabilitada por el fraccionamiento de contratos en la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
La ley actual, que se rige por una modificación aprobada en 2003, establece que cuando un presidente del Parlamento abandona el cargo tiene derecho a cobrar el 80% de los su sueldo –unos 150.000 euros anuales– durante la mitad del tiempo que hayan ejercido, siempre con un mínimo de 4 años. El PSC quiere que a partir de ahora la retribución sea del 20% del sueldo y que solo se cobre durante seis meses. Cuando se jubilan, los expresidentes cobran una pensión vitalicia del 60% si han ejercido como mínimo durante dos años. La propuesta de los socialistas quiere rebajarlo al 10% durante seis meses.
Así mismo, la ley vigente prevé que, ante la muerte de un presidente o expresidente del Parlamento, su cónyuge cobre una pensión vitalicia equivaliendo al 50% del sueldo y, cuando muere el cónyuge, la pensión va a los hijos menores hasta que cumplen los 18 años. En este caso, el PSC también quiere limitar la retribución al 5% del sueldo durante medio año después de la muerte.
Cinco expresidentes del Parlamento, afectados por la reforma que propone el PSC
La reforma que proponen los socialistas afectaría a los cinco expresidentes vivos –Joan Rigol, Ernest Benach, Nuria de Gispert, Carme Forcadell y Roger Torrent–. En cuanto a Laura Borràs, no está claro si puede reclamar la pensión vitalicia, puesto que a pesar de que este 12 de marzo se han cumplido 2 años desde que accedió a la presidencia del Parlamento, hace meses que está suspendida y está por ver si este periodo se computa para el mínimo de dos años que exige la ley para cobrarla.
El PSC justifica la reforma legal porque el contexto político ha cambiado mucho. La ley original es de 1988 y la última modificación data de hace 20 años «No encontramos en la actualidad presidencias ejercidas por personas de larga trayectoria política en la lucha por la recuperación de las instituciones democráticas y que pudieran haber encontrado serios impedimentos, debido a sus carreras de cotización, para atender las necesidades personales y políticas con la dignidad y el decoro que corresponden a las altas funciones ejercidas, que eran el elemento nuclear del objeto de la ley», afirman.
