«Confidencialidad». Este es el argumento principal de la consejera de Interior, Núria Parlon, para esbozar cómo es la lucha de los Mossos d’Esquadra ante la ofensiva de la ultraderecha en la calle. Con esta razón ha excusado responder tanto a la CUP como a los comunes, por escrito y verbalmente, a sus peticiones en la cámara catalana, sobre los métodos y procedimientos que la policía de la Generalitat lleva a cabo contra una de las amenazas que tanto Europol como la Directiva de Seguridad del Estado consideran prioritarias. De hecho, fuentes de la misma policía ven ahora más riesgo de acciones violentas de la extrema derecha que del yihadismo.
Además, los ataques al casal independentista Popular de Sabadell y a un Kebab de Barberà del Vallès y el incendio pendiente de aclarar en la mezquita de Piera, al igual que los incidentes en Torre Pacheco, en Murcia, que han terminado con uno de sus principales líderes detenido en Mataró, han generado esta semana más presión a la consejera. Y lo primero que hizo Parlon fue esquivar, con la excusa de falta de tiempo del mecanismo las interpelaciones en el pleno del Parlamento, tener que responder sobre las actuaciones sobre la ultraderecha, preventivas y de investigación, de los Mossos d’Esquadra.
«Garantizar la eficacia» del trabajo de la Comisaría General de Información
Los grupos parlamentarios habían recibido el 11 de junio una respuesta de la consejera, firmada el 26 de mayo de este año, en la que se comunicaba que no respondería a las peticiones de la CUP sobre cómo trabajan los Mossos ante esta amenaza. En este sentido, cabe recordar que la CUP, precisamente, ya durante toda la legislatura pasada, durante el gobierno de Pere Aragonès, reclamó esta información, incluso en la comisión de Materias Secretas y Reservadas de la cámara. Pero el Departamento de Interior y la dirección general de la Policía hicieron oídos sordos, solo dando explicaciones sobre el «cajón», es decir, el gasto de los fondos reservados de la policía para sus investigaciones.
El enésimo intento de los miembros de la CUP fue obtener información con relación al ataque sufrido el 15 de marzo de 2025, denunciado por el Casal Independentista Popular de Sabadell y la Crida per Sabadell, en el que se lanzaron dos artefactos explosivos por parte de autores desconocidos. La respuesta ha sido de manual: «La Comisaría General de Información está actualmente llevando a cabo la investigación de las dos denuncias registradas en el Área Básica Policial de Sabadell en fechas 17 de marzo de 2025 y 19 de marzo de 2025». «Dada la fase actual de las diligencias y con la finalidad de no interferir en el desarrollo correcto de las tareas policiales, no es posible facilitar información concreta sobre los hechos investigados», añade.
Es en este punto donde Parlon niega también información sobre la estructura del sistema de trabajo de la poderosa Comisaría General de Información. Así, destaca que como unidad tiene atribuidas, entre otras, las funciones de prevención, investigación y persecución de actividades delictivas que representen una amenaza a las libertades individuales o colectivas, a la seguridad de las personas, a la paz social o a la cohesión del territorio, especialmente cuando estas actividades no tengan como finalidad última el ánimo de lucro. Por lo tanto, entre las tareas tiene la «recopilación y el tratamiento de información operativa vinculada a los extremismos violentos». Ahora bien, es bastante concluyente a la hora de negarse a dar datos de cómo llevan a cabo estas tareas: «Para garantizar la máxima eficacia en el cumplimiento de estas funciones, la confidencialidad de las actuaciones policiales constituye una premisa esencial».
Un perjuicio para la seguridad pública
En esta línea, la consejera alega motivos legales para rechazar la petición de información y aceptados en la ley de transparencia. Así, argumenta que el derecho de acceso a la información pública puede ser denegado o restringido si el conocimiento o la divulgación de la información conlleva «un perjuicio para la seguridad pública». «No se puede facilitar la documentación requerida mientras la investigación permanezca abierta«, añade. En cuanto a la petición de documentación de trabajo relevante del cuerpo de Mossos d’Esquadra en relación con la respuesta a los grupos de extrema derecha y a sus actuaciones violentas, que reclaman CUP y Comunes, la consejera también es reservada.
«La policía», explica, «aborda la prevención, la detección y la intervención en el ámbito de los extremismos violentos mediante un enfoque interdisciplinario y de coordinación con los diversos actores institucionales y de la sociedad civil con responsabilidades en este ámbito». Un planteamiento que, según la consejera, permite «una mejor coordinación de las acciones y facilita la incorporación de perspectivas diversas y complementarias». En todo caso, solo admite que se llevan a cabo «trabajos preventivos» con «entornos profesionales y asociativos que tienen un contacto habitual con la ciudadanía» y alrededor de «profesionales que interactúan de manera continuada con las personas y que pueden identificar con antelación situaciones potenciales de riesgo».
En ningún caso, Parlon hace ninguna referencia a los trabajos en el entorno digital y su control, como la aplicación del programa Voyager de control masivo del tráfico de la red. Un sistema sniffer de redes. Es decir, un polémico sistema de rastreo de la red que utiliza la inteligencia artificial para obtener y seleccionar millones de datos para “prevenir” un delito. Un sistema que cuesta más de dos millones de euros al año y que ha reportado diversas operaciones de ámbito europeo en las cuales los Mossos han participado para detectar perfiles y canales de las redes de riesgo de extremismo.
De Torre Pacheco a Mataró
Por otro lado, el portavoz de Interior de los comunes, el diputado y abogado Andrés García Berrio, -un veterano de causas políticas en los tribunales- exigió en el último pleno, a través de una interpelación, explicaciones a la consejera sobre las investigaciones de cómo «aparecen grupos de ultraderecha violenta que lo que hacen es convocar, por un lado, patrullas ciudadanas y, por otro lado, incluso cacerías, como ha sucedido en Torre Pacheco». De ahí que le pidiera por la detención en Mataró de uno de los instigadores de los incidentes en el municipio de Murcia, y el hecho de que el Servicio de Información de la Guardia Civil lo considere líder del grupo de ultraderecha Deport Them Now.
De hecho, el diputado de los comunes recordó que el mes de mayo tuvo lugar una manifestación donde este líder saludaba al concejal de Vox en la capital del Maresme, José Casado, y donde la también diputada Mónica Lora se manifestó. Por eso García Berrio pidió explicaciones a Parlon sobre la información que tienen de este grupo ultra. La respuesta fue ningún dato y una reclamación de «más medios» para hacer «más trabajo». Y advirtió: «Nunca me atrevería a decirle a la Comisaría General de Información, ni a los investigadores que tenemos en cada una de nuestras ABP, cómo deben hacer su trabajo». «Al contrario», continuó la consejera, «sé que lo hacen bien y sé que están orientando sus prioridades a combatir los extremismos violentos de extrema derecha, los extremismos vinculados con el racismo y la xenofobia y los extremismos vinculados con el terrorismo». «Y aquí hacen un trabajo muy bien hecho que requiere también un tiempo de trabajo», concluyó.
206 alertas en 2024, 11,6% sobre la ultraderecha
En todo caso, la consejera sí ha aportado al Parlamento el número de alertas de radicalizaciones violentas durante 2024. En concreto, durante el año pasado hubo 206 alertas, de las cuales 159 correspondían a posibles procesos de radicalización violenta y 47, a casos de impacto educativo y social, que, aunque no estaban directamente asociados a la radicalización violenta, se abordaron desde los centros educativos. «Las detecciones se hicieron en estadios tempranos, sin que estos casos llegaran a ser una amenaza para la sociedad», puntualiza el departamento. En esta línea recuerda que «cada caso se evaluó de manera individual y se aplicaron intervenciones educativas, policiales, sociales o judiciales».
De los casos conocidos, un 60,7% estaban relacionados con el yihadismo; un 11,6%, con la ultraderecha y un 4,8%, con extremismos de otras etiologías. El 22,9% restante se refería a casos de impacto educativo y social que afectaban la cohesión social y la convivencia en centros educativos, pero no respondían a alertas de radicalizaciones violentas. Del total de alertas recibidas, cuatro comportaron su notificación a la Fiscalía de Menores a efectos de protección (menores de 14 años especialmente vulnerables ante discursos extremistas) y ocho, a la Fiscalía. En estos últimos casos se instruyeron diligencias penales: tres estaban vinculados a la ultraderecha; cuatro casos estaban relacionados con el yihadismo, y un último caso «sin ámbito definido».
