La Junta Electoral enciende la cuenta atrás para sustituir a Borràs

El Parlamento de Cataluña ha vivido una nueva jornada pendiente de los tribunales, en este caso, de un tribunal administrativo como la Junta Electoral Central (JEC), a raíz del caso Laura Borràs. Un déjà vu en toda regla, después de los casos recientes de retiradas de actas de diputados, como el del entonces presidente de la Generalitat Quim Torra y el del secretario de la Mesa Pau Juvillà, de la CUP. La JEC aplica su doctrina, ya conocida, de la inelegibilidad sobrevenida, como era de esperar. El acuerdo, de solo tres folios, pasa la pelota al tejado de la presidenta en funciones, Alba Vergès, de ERC, para que informe sobre la decisión que tomará sobre el futuro del acta de Borràs.

En este sentido, el organismo electoral recuerda su doctrina aduciendo en la resolución el caso de Juvillà. Por lo tanto, el único margen que deja a Vergés es el calendario, marcado por las elecciones del 28 de mayo y la suspensión de la actividad parlamentaria a causa de la campaña electoral. En este calendario, sin embargo, juegan muchos factores, como el supuesto pacto entre republicanos y juntaires para posponer la elección de la nueva presidencia, los nombres de los posibles sustitutos –Anna Erra, Marta Madrenas, Albert Batet o bien un cuarto nombre, que podría ser el del veteranísimo Antoni Castellà. De entrada, Castellà, en virtud de la posición que tenía en la lista electoral de Junts, ocupará automáticamente el escaño de Borràs si el partido opta por no dejarlo vacante. Si después se lo hace presidente de la cámara, ya es otra cuestión, y es una opción abierta.

Sea como sea, la JEC ha encendido la cuenta atrás para elegir la presidencia del Parlamento. Mientras tanto, los letrados del Parlamento ya preparan unas alegaciones para presentar a la JEC en las que se limitarán a defender la autonomía de la cámara aplicando el artículo 24 del reglamento.

Primero, las alegaciones y, de fondo, las elecciones

Ahora Junts y ERC han ganado un poco de tiempo, aunque menos que si la Junta Electoral Central hubiera remitido el recurso de Vox, PP y Cs a la Junta Electoral Provincial, cosa que habría alargado el calendario. Por ahora, pues, hay diez días hábiles que se acaban el 27 de mayo. En este plazo, Vergés tendrá que decidir que hace con el escaño de Borràs. Una decisión que tendrá que tomar teniendo presente la resolución de hoy, que es bastante concluyente. Así, la Junta Electoral recuerda que Borràs ha sido condenada por un delito contra la administración pública y, por lo tanto, considera que es causa de inelegibilidad y de incompatibilidad sobrevenida del artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREG. Una causa que se aplica aunque la sentencia no sea firme. En todo caso, la JEC recuerda que la sala de lo Contencioso–administrativo del Tribunal Supremo, en dos sentencias, sobre el caso Torra y sobre el caso Juvillà, ha avalado este criterio.

El escenario que se dibuja tiene varias vías. En primer término, la capacidad de maniobra de la Mesa del Parlamento con el calendario sobre la mesa. En este caso, el calendario es primordial. La JEC tiene que recibir las alegaciones del Parlamento el 27 de abril a lo sumo. Estas alegaciones irán firmadas por el letrado mayor y otro de los letrados de la cámara, porque todavía no hay secretario general. Será en la reunión de la Mesa del próximo martes día 18 que los abogados de la cámara pondrán negro sobre blanco lo que hasta ahora han expuesto en otros procesos similares: la defensa de la autonomía del Parlamento y la carencia de competencia de la JEC para retirar actas de diputado.

En este caso, es relativamente más fácil que los de Torra o Juvillà, ya que la presidenta ha estado suspendida en aplicación del artículo 25.4 del reglamento. En este contexto, la cámara aducirá a la JEC que el Parlamento ya ha tomado las medidas pertinentes y que ya ha cumplido con la disposición parlamentaria. La respuesta de la Junta también es previsible: todo indica que dará un nuevo plazo para hacer efectiva la retirada del escaño. Una decisión que puede ser recorrida, sin que suspenda la ejecución de la decisión, ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo.

Una situación inédita: elegir una nueva presidencia de la cámara

Técnicamente, con la decisión de la JEC de retirar el escaño, la cámara aplicará la vía Roger Torrent o Laura Borràs, en el sentido de que uno le retiró el acta a Torra y la otra, a Juvillà. La siguiente pantalla, sin embargo, será elegir una nueva presidencia. Una situación inédita en la cámara, porque nunca a media legislatura se había cambiado de presidente. Por estos motivos, todavía hay muchas dudas. Y, en principio, en la situación de interinidad en que se encuentra la cámara con la presidenta suspendida, no viene de un pleno que pueda haber un relevo, y puede pasar que Junts deje vacante unos días el escaño como protesta, como la CUP hizo con Juvillà. En todo caso, por mucha rapidez que haya por parte de la JEC en decidir, nada indica que el posible relevo a la presidencia se tenga que producir antes de las elecciones del 28 de mayo.

El último pleno antes de la campaña electoral –después, la actividad parlamentaria entrará en stand-by– es el de los días 2, 3 y 4 de mayo. Teniendo presente que las alegaciones se pueden presentar hasta el 27 de abril, la Junta no resolverá de manera inmediata: hay que tener presente que el 27 es un jueves y justo antes de un largo puente a Madrid, con la fiesta del Primero de Mayo y la festividad del 2 de mayo. Aunque la resolución llegara el 3 o el 4 de mayo, nadie a estas alturas en el Parlamento se plantea convocar un pleno exprés antes de las elecciones, el 9 o el 10 de mayo, para elegir una nueva presidencia.

Los nombres que maneja Junts para el relevo de Borràs

El primer pleno después de los comicios está previsto para el 30 y el 31 de mayo, pero tampoco está claro que sea entonces cuando se plantee el cambio de presidencia de la cámara. Primero, Junts se tiene que poner de acuerdo internamente para ofrecer un acuerdo a ERC, CUP y, incluso, Comunes. Y, en segundo término, la política catalana habrá entrado en una durísima vorágine de pactos postelectorales con pasteles para repartir entre grandes ayuntamientos, consejos comarcales, consorcios y diputaciones provinciales, u otros entes, como la Autoridad Metropolitana de Barcelona. Una negociación que podría complicarse con la eleccions de una nueva presidencia del Parlamento.

Con esta premisa, el primer debate es si Junts optará por dejar vacante el escaño en protesta por la decisión. Una posibilidad que solo defiende una «minoría mucho minoría» del grupo parlamentario. Todo apunta que, una vez el escaño le sea retirado a Borràs, tomará el relevo de la silla vacante el veterano Antoni Castellà, que se integró a la candidatura como miembro de Demócratas en el pacto electoral con los juntaires. Este escenario es, hoy por hoy, el más plausible. Pero otra cosa es el debate interno sobre la sustitución de la presidencia de la cámara, una ecuación en que entra ERC, la CUP y el pacto de investidura según el cual correspondería mantener la presidencia a Junts. Según fuentes parlamentarias, «el acuerdo era posponer cualquier decisión delicada hasta después de los comicios, pero hay gente que ya se ha puesto nerviosa».

Además, Junts tiene que aclarar cuál es su apuesta para presidir el Parlamento. En principio, había dos nombres propuestos por las familias juntaires. Dos diputadas con experiencia como alcaldesas, Marta Madrenas –alcaldesa de Girona– y Anna Erra -alcaldesa de Vic. Ninguna de las dos repetirá como cabeza de cartel y están, por lo tanto, disponibles. «Madrenas ya no calienta a la banda», señalan desde su entorno. En este sentido, recuerdan que ya pidió descompresión después de dejar ser cabeza de cartel por el consistorio gerundense. En este debate, un nombre que ha surgido es el del presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, que verían bien muchas de las familias de la formación. Pero en las últimas horas ha aparecido una carta nueva, la de Antoni Castellà, que se convertirá en diputado si recoge la vacante de Borràs. Castellà, miembro de Demócratas, es de la confianza de Carles Puigdemont y un ferviente defensor del Consejo de la República –forma parte del órgano que lo gobierna– y tiene una dilatada experiencia como diputado y como miembro de la Mesa, de la cual fue miembro hasta el 2011. Empieza el juego.