Esta tarde, la Mesa del Parlamento ha librado esta tarde a la Oficina Antifraude un informe cumplido sobre las licencias de edad otorgadas a los trabajadores de la cámara -ya todas revocadas- así como los actos de concesión de la prima por subsidio o el concurso de letrados o la disposición de plazas de ujier convocadas el 2019. El secretario general del Parlamento, Albert Capelleras, nombrado el pasado mas de septiembre como jefe de personal y servicios, ha sido el encargado de elaborar el estudio para responder las cuestiones y las peticiones de información de Antifraude. Un informe que no tiene intención de delimitar responsabilidades o ser un procedimiento sancionador, sino de contrastar jurídicamente que no ha habido irregularidades en la concesión de beneficios laborales o salariales.
Según este estudio, reclamado por Antifraude el pasado mas de octubre, de las 14 licencias por edad que se han estudiado, solo dos son revisables. Por otro lado, también ha dado explicaciones sobre la concesión de la prima por subsidio y los pulse de vinculación o la creación de «lugares instrumentales“ en conexión con los procesos de estabilización que generaron una denuncia por trato de favor. El mismo Capelleras, voz “recomendable” revisiones de oficio, pero no la declaración de nulidad de pleno derecho por estos premios por los mismos límites de las revisiones de oficio como los principios de confianza mutua o bien el tiempo que ha transcurrido. Sobre concursos de plazas de letrados u oyentes de cuentas, a pesar de que el tiempo pasado no permitiría una revisión de oficio, Capelleras ha informado Antifraude que igualmente abrirá un expediente de revisión de oficio del acto administrativo por “transparencia”. La Mesa ha suspendido la prima de jubilación y premio de vinculación.
14 licencias, dos revisables
El informe recoge la revisión y estudio de las 14 licencias que ya han sido revocadas. De estas, cinco tenían una duración de un año y solo una excedía la anualidad (19 meses). El resto eran de menos tiempo. Estas licencias permitían a los funcionarios de la cámara catalana que tengan más de 60 años continuar cobrando el sueldo íntegro sin ir al trabajo. Lo podían hacer si habían trabajado al menos 15 años en el Parlamento y durante un máximo de cinco años, hasta la jubilación. Un privilegio laboral regulado en el artículo 79 del Reglamento Interno, que ya ha sido derogado.
De estas 14 licencias examinadas, el secretario general, solo ve revisables dos casos de los cuales se abrirá expediente. En este sentido, el informe concluye que todo el mundo que pidió la licencia tenía derecho a tenerla. “La Administración parlamentaria no tenía la opción de desestimar las solicitudes presentadas en que se pedía disfrutar de la licencia no más tarde del 1 de enero de 2022”, asegura el dosier parlamentario para Antifraude. Ahora bien, en el estudio, el secretario general subraya dos casos que serían los revisables que pedían la licencia por una fecha posterior al 1 de enero de 2022, uno por abril y el otro para octubre. «Se concedieron con varios meses de antelación, un hecho que contradecía la normativa aplicable, que solo permitía pedirla un mes antes», resalta el informe.
«Las dos resoluciones podrían ser nulas de pleno derecho por haber prescindido totalmente y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», afirma el texto. Una decisión que permite «iniciar en cada uno de estos casos la correspondiente revisión de oficio». Un proceso que implicará un informe vinculante de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat así como un trámite de audiencia a las personas afectadas.
Suspensión otras condiciones
Por otro lado, el informe ha ayudado a la Mesa del Parlamento a tomar la decisión de suspender el que se conoce como «prima o subsidio de jubilación» así como el premio de vinculación por el personal de la cámara. De hecho, se abrirá un proceso de revisión. La razón principal es que la regulación de estos dos conceptos estaría reservada a la ley, o a una norma con valor y fuerza de ley y no en un Acuerdo de Condiciones como es el caso. Por eso, la Mesa ha optado para suspenderlas.
En cuanto al caso de las plazas, interinatges y convocatorias de personal tanto de ujieres, como de cargos institucionales dentro de la administración parlamentaria como el Oyente de Cuentas o los letrados. La informe apuesta para hacer revisiones de oficio de los procesos administrativos, pero no de nulidad de pleno derecho dando por sentado que hay circunstancias que limitarían los efectos de una anulación de los nombramientos, como los principios de confianza mutua y el tiempo que ha pasado. Por otro lado, el secretario general no ve ningún trato de favor a ningún aspirante, tal como se había denunciado, ni cabe otra irregularidad en los procesos de estabilización del personal interino. En definitiva, una de las líneas argumentales es que todo el que se aprobó estaba dentro de la legalidad y, en todo caso, si hay alguna irregularidad se tendrá que escatir en un procedimiento administrativo que puede acabar a la jurisdicción contencioso-administrativa.
