Los alquileres de temporada y de habitaciones vuelven a estar en el centro del debate. Tras la negativa de Junts que tumbó el decreto que habría permitido regularlos, el Parlament ha aprobado este jueves una moción que pide recuperar la normativa impulsada por el ejecutivo de Pere Aragonès para configurar una normativa que frene este tipo de alquileres y que establezca un régimen sancionador de la Ley de Vivienda. La propuesta presentada por ERC ha salido adelante gracias al apoyo del PSC-Units, de los Comunes y de la CUP y a pesar de la negativa de Junts, el PP, Vox y Aliança Catalana (AC).
En concreto, la proposición aprobada reclama «recuperar el contenido» del decreto catalán de medidas urgentes en materia de vivienda antes de finalizar este año para «llenar los vacíos de la ley estatal» en lo que respecta al alquiler temporal y de habitaciones y establecer este régimen sancionador. Además de la moción de los republicanos, la cámara catalana ha validado una propuesta de los Comunes que en la misma línea insta al Gobierno a impulsar una modificación del Código Civil catalán que permita que se «regulen los alquileres de habitaciones y restrinja el alquiler de temporada». Han votado a favor el PSC, Junts, ERC, y la CUP y, en contra, el PP, Vox y AC.
A pesar de que salió adelante el grueso de la moción, los grupos rechazaron un punto que pedía aprobar antes de que termine el año el régimen sancionador de la Ley de Vivienda y tipificar como muy grave el uso «fraudulento» del alquiler de temporada y «aumentar el precio del alquiler por encima de lo permitido por la ley». Por otro lado, el pleno sí aprobó instar al ejecutivo a aprobar el registro de grandes tenedores antes de finalizar el primer trimestre de 2025.
Presión de los grupos para poner freno a la especulación
También en el marco de la vivienda, el Parlament ha aprobado este jueves pedir al ejecutivo que lleve adelante la ley catalana de arrendamientos urbanos durante el año 2025, así como que incremente el impuesto de transmisiones patrimoniales en compras de vivienda especulativas por parte de grandes tenedores y en adquisiciones de edificios enteros con varias viviendas.
En paralelo, los grupos solicitan la puesta en marcha de un equipo de inspección y sanción para detectar los incumplimientos de la ley de vivienda y los contratos en fraude de ley y que se impulse un plan de choque para acabar con la lista de espera en las mesas de emergencia. El texto de la moción cuantifica que actualmente hay unas 2.500 familias que se encuentran en esta situación y pide al ejecutivo que ceda inmuebles de la SAREB y de otros grandes tenedores para incrementar los recursos residenciales.
