El presidente al exilio, Carles Puigdemont, tendrá que esperar a tener escolta oficial. La reunión de trabajo que se ha celebrado este martes por la tarde a Madrid entre el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha servido para avanzar. A pesar de que el equipo del Gobierno ha vuelto a insistir, el ministerio se ha escudado en un «informe de la Abogacía del Estado» que ya hace meses que parece la obra de la Sede. La reunión también ha servido para coordinar la ampliación presupuestaria y el incremento del número de efectivos de los Mossos d’Esquadra.
Paralelamente a esta situación, Junts por Cataluña ha pedido la ampliación del plazo de presentación de enmiendas a una propuesta de resolución firmada por Vox sobre la protección del presidente. Un documento parlamentario que carga contra el otorgamiento de un escolta oficial al también eurodiputado de Junts. De hecho, aquellos que el Estado ha sospechado que lo habían protegido han sido castigados internamente por la dirección del cuerpo, o incluso, condenados por prevaricación en un juicio, como es el caso del sargento Lluís Escolà.
Una petición, un informe
Fuentes del departamento explican en El Món que el ministerio les ha respondido como hizo a finales de año. «Estamos a la espera de recibir el informe de los letrados del Estado, porque siempre que hay petición del Gobierno es oportuno y procedente un informe», ha argumentado la parte de la Moncloa. Marlaska quiere tomar la decisión «de acuerdo con el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico». De hecho, la petición oficial la hizo Elena por carta el pasado mes de noviembre. En la misiva, Elena recogía todas las peticiones hechas por parte de los consejeros Miquel Buch, Miquel Sàmper y él mismo, que habían sido rechazadas.
Elena aprovechó unas declaraciones del ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, que dejaban entrever que esta vez el gobierno español tramitaría la petición. Todo ello en el marco de la negociación de la investidura de Pedro Sánchez con Junts por Cataluña y ERC. La petición añadía «el carácter urgente de la petición». La tramitación también necesita el aval del ministerio de Exteriores.
