El ejecutivo español no hará más concesiones a Juntos para conseguir un acuerdo sobre la ley de amnistía. Así lo ha asegurado este martes la portavoz del ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde también ha añadido que la Moncloa solo contemplan retoques «de materia técnica» siempre que mantengan la constitucionalidad del texto. De cara a cerrar este nuevo acuerdo para la amnistía, que tendrá que llegar antes del 7 de marzo, Juntos mantiene vivas diversas enmiendas para contrarrestar las ofensivas del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. Todo y estas enmiendas de la formación independentista, el gobierno español considera entiende que la ley acordada hasta ahora es plenamente constitucional y hace falta que siga como está para poder superar los filtros del Tribunal Constitucional y la justicia europea. «No nos movemos, nos hemos plantado», han apuntado fuentes del entorno de Pedro Sánchez. Con todo, el ejecutivo se muestra convencido que habrá ley de amnistía.
En esta línea, Alegría ha advertido que «no se entendería, sobre todo en Cataluña» que la ley no se acabara acordando. Por otro lado, las mismas fuentes apuntan que el voto de Juntos favorable a la tramitación en el Parlamento de una Iniciativa Legislativa Popular por la declaración de independencia no afecta su voluntad de negociación. En este sentido, apuntan que en el Parlamento a veces se defienden «posiciones maximalistas» que no tienen traducción práctica.
García-Castellón tiene que responder en Suiza
La portavoz del gobierno español también ha dedicado un rato de la rueda de prensa a comentar la situación de García-Castellón. Concretamente, Alegría ha recordado al magistrado que instruye la causa del Tsunami que tiene que responder a la petición de información de Suiza sobre las consecuencias que tendría la ley de amnistía. Todo ello ha llegado después de que la Oficina Federal de Justicia de Suiza haya enviado una misiva al juez en la cual se niega a ayudarlo en la localización de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ni a obtener información bancaria relativa a la plataforma porque entiende que tiene que decidir antes si hay un carácter político en la petición.
Además, las autoridades competentes suizas solicitan a la carta información sobre cómo puede afectar la ley de amnistía que se tramita en el Congreso de los Diputados «para varios separatistas catalanes» a esta causa en concreto. A la vez, el texto considera que sería conveniente que los explicaran las posibles consecuencias de esta ley sobre los procedimientos iniciados contra los miembros del Tsunami y en concreto sobre Marta Rovira, «la pertenencia del cual a esta plataforma no es clara».
