Tarde de economía política en la 58ª edición de la Universitat Catalana d’Estiu, la UCE, que se celebra en Prada, el Conflent, hasta el 23 de agosto. En el estrado del auditorio del Liceu Charles Renovier se han subido la catedrática de Economía de la Universitat de Barcelona, Elisenda Paluzie, el profesor de Economía en la UPF, Xavier Cuadras y el ingeniero Xavier Roig, todos implicados en el informe Fènix, un estudio que ha abierto el debate sobre el modelo económico en Cataluña y ha alertado del «empobrecimiento» de la sociedad catalana así como el efecto llamada para ocupar a los inmigrantes en un sistema productivo y laboral en crecimiento pero de bajo nivel de productividad, como el sector cárnico o el turismo.
Un sistema diferente como el que mantienen, por ejemplo, en el País Vasco que no ha generado este efecto magnético de la inmigración con trabajos de bajo nivel productivo, con control y, sobre todo, con una firmeza sindical que ha marcado mucho la política laboral, económica e industrial vasca. Contado y debatido, el informe crea la figura de los «salarios subvencionados», es decir, trabajos y ocupaciones que solo son sostenibles con la subvención pública que reciben a través del gasto social. Esto es, que los salarios no cubren el gasto social que suponen a través del uso de los servicios sociales. Contado y debatido, el crecimiento del PIB no se ha traducido en un crecimiento del PIB per cápita, es decir, que el bienestar material de la población se reduce de manera contundente.
Un sistema inquietante
Los firmantes del informe han expuesto que, aunque el PIB per cápita ha aumentado en los últimos 30 años, de manera marginal en la economía europea y sin tener presente el comportamiento y las cifras de la inflación. Unos efectos «perversos» que responden al gran crecimiento de la población a raíz de la demanda de mano de obra low cost y que se sostienen gracias a «subvenciones». «No es un informe antiturismo», ha asegurado Cuadras, que insiste en que tampoco es un informe «antiinmigración». Para los ponentes, es necesario revisar el sistema turístico y un modelo económico tiene una consecuencia directa con esta entrada masiva de mano de obra barata que beneficia, por ejemplo, como es el caso de la industria cárnica, que solo beneficia, por ejemplo, al consumidor chino.
El informe afirma que la población que percibe un salario por debajo de los 29.000 brutos al año 2025 sufre una falta de «equilibrio» entre aportaciones y salario social percibido por el trabajador, un hecho que en el documento se describe como «salarios altamente subvencionados», ya que hay una «transferencia implícita» de recursos del resto del tejido económico productivo para cubrir los servicios básicos que provee la Generalitat. Unos salarios que representan un 35% del total de puestos de trabajo y el 44% del empleo creado entre el 2008 y el 2023.
Las medidas
El informe aprovecha para proponer medidas para corregir una situación de mal augurio. Así plantean aumentar la transparencia mediante la publicación de la balanza fiscal y el valor añadido aportado por cada sector productivo. También eliminar ventajas fiscales que favorecen actividades de baja productividad como el turismo. Uno de los otros sistemas de contención del descenso es «incrementar el salario mínimo para frenar la expansión de puestos de trabajo poco cualificados». De rebote, razonan «implementar políticas de inmigración selectiva basadas en la calificación de una demanda más exigente».
También medidas más contundentes como «reducir la capacidad turística» y una reforma de las políticas de empleo para equipararlas a los estándares europeos más avanzados. Una de las medidas sería convertir en «obligatorio el conocimiento del catalán, como mínimo, como requisito para ocupar puestos de trabajo de atención al público y servicios de cuidado personal». Asimismo, revisar el sistema fiscal para evitar recurrir constantemente a la penalización de las rentas del trabajo y del ahorro fruto de este trabajo. Y, en última instancia, apuntan que conviene «la penalización excesiva en sueldos altos dificulta el establecimiento de centros de decisión importantes en Cataluña». Es decir, que los salarios altos tienen penalización fiscal y contraen las intenciones de crear centros de dirección multinacionales.
