Informe bastante duro de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre el gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en los ejercicios 2020 y 2021, el organismo que dirige los medios públicos de la Generalitat. El informe, al que ha tenido acceso El Món, reprocha el sueldo de cuatro directivos del ente que «cobraban más que un conseller» y, por otro lado, critica cómo se llevó a cabo la elección de los actuales directores de Catalunya Ràdio y TV3, Sigfrid Gras y Jordi Borda.
Además, los auditores públicos reprenden a los gestores públicos por la manera en que realizan las contrataciones, por hacer 35 horas sin cumplir los requisitos, por el cobro de complementos retributivos por objetivos comerciales y por deficiencias en las garantías de reserva de los puestos de trabajo para los directivos. Por otro lado, destaca que el gobierno de la CCMA tampoco cumple con la obligación de tener una Relación de Puestos de Trabajo y un Esquema Nacional de Seguridad.
Tirón de orejas a los directivos de TV3 y Catalunya Ràdio
«Se han observado deficiencias en las bases de la convocatoria del procedimiento de selección de los directores del medio televisión y radio, en cuanto a los méritos objeto de valoración y a la comisión de valoración», sentencia con contundencia el informe. Según recoge la auditoría, se presentaron 9 personas para dirigir la televisión pública y 12 para la radio. Pero, después de una primera selección, el Consejo de Gobierno entrevistó solo a seis candidatos. El 25 de julio el Consejo resolvió la convocatoria y nombró a Jordi Borda director del medio radio y a Sigfrid Gras Salicrú director del medio televisión, con efectos del 1 de septiembre de 2022.
Pero la elección no fue tan clara como mostraría el papel. Según el criterio de la sindicatura, los «méritos objeto de valoración» -base 7 de la convocatoria- establecía una relación de los méritos a valorar como la experiencia, el proyecto a presentar, formación complementaria y otros. Pero, en cambio, la convocatoria «no establecía qué ponderación tendría cada mérito». «Además, el informe de la Comisión de Valoración valoró ítems que no estaban específicamente detallados en la convocatoria», destaca el informe.
Por otro lado, carga contra la base 8 de la convocatoria. En concreto, el hecho de que se establecía que el nombre de los miembros de la Comisión de Valoración «sería confidencial y solo se haría público en el momento en que el Consejo de Gobierno resolviera el procedimiento de selección«. «Este hecho es contrario al principio de publicidad que se debe garantizar en todos los procedimientos de selección, ya que no permite que los aspirantes conozcan la identidad de los que están llamados a valorarlos, y en su caso ejercer el derecho de recusación correspondiente», alerta la sindicatura.
Mucho dinero para directivos
Uno de los aspectos más llamativos del informe es el análisis de las retribuciones de los miembros directivos. Por un lado, subraya que la CCMA abonó el 88% y el 120% de la retribución de objetivos comerciales a algunos directivos. Una cifra «por encima del límite del 25% establecido en la Ley de presupuestos de la Generalitat de Catalunya sobre el cobro de retribuciones variables».
Los auditores hacen una referencia muy expresa al ejercicio de 2021. En detalle, sobre las retribuciones íntegras anuales de 4 directivos corporativos porque «superaron la retribución de conseller de la Generalitat, contrariamente a lo que establece la normativa». «La retribución íntegra del director de la Fundació de La Marató de TV3 del año 2022 superó la retribución de secretario general, y no consta la aprobación preceptiva por acuerdo de Gobierno de la Generalitat», aseguran los síndicos.
El informe también resalta el abono de siete trienios meritados como funcionario de la Generalitat al director de Gestión Presupuestaria, Empresa Verde y Servicios Generales. Un pago que, según los auditores, «no tiene amparo en la normativa ni está previsto en el contrato de alta dirección del trabajador». De hecho, este directivo, Andreu Joan Martínez devolvió los siete trienios alegando la interpretación que hasta el momento se había hecho de la norma, en tanto sobre los derechos que mantenían los trabajadores que habían estado en comisión de servicios en otros departamentos de la Generalitat, en este caso, en la dirección general de la Policía.
