La Fundación Francisco Franco asegura que el acuerdo del gobierno español anunciado este viernes para extinguir la entidad “no tiene fundamento jurídico”. Desde la entidad reivindican con orgullo la apología del franquismo, niegan que esta entidad humille a las víctimas y denuncian una “vulneración del derecho a la libertad ideológica”.
Este viernes el Ministerio de Cultura ha comunicado formalmente a la Fundación el acuerdo para su extinción. Un procedimiento que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado amparado con la ley de memoria democrática como paso previo para el cierre de la entidad. La ley, del 2022, remarca que la apología del franquismo que ensalce el golpe de estado y la dictadura o que ensalce a sus dirigentes son actividades “contrarias al interés general” y es competencia del Ministerio de Cultura instar la extinción judicial de las fundaciones que puedan incurrir en este ensalzamiento.
Desde la Fundación critican que este comunicado del cierre de la entidad se da próximo a los 50 años de la muerte del dictador, el próximo 20 de noviembre, y también a las “sospechas de corrupción” del gobierno de Pedro Sánchez. Con todo, desde la Fundación señalan el “sectarismo” de un gobierno español que ven “empeñado” en levantar de nuevo un muro entre los españoles.
Difusión de la «dimensión humana» del dictador
Según la fundación franquista, en 1975 ya se había derribado el muro que separaba a los ciudadanos gracias a los españoles que «bajo el mandato de Franco decidieron construir sobre las cenizas del odio un futuro de bienestar y concordia para todos los españoles».
Desde la fundación franquista defienden que se dedican “primordialmente” a la difusión de la “dimensión humana y política” del dictador, según sus estatutos.
El pleno del Congreso aprobó el pasado mes de abril la modificación de la ley de asociaciones con el objetivo de disolver cualquier entidad que ensalce el franquismo o que menosprecie y humille a las víctimas del golpe de estado de 1936 y la posterior dictadura. El objetivo de la modificación –que contó con los votos de la mayoría de investidura, la abstención del PP y el voto contrario de Vox– era evitar que la Fundación Francisco Franco, que ya tenía un proceso abierto por el Ministerio de Cultura para su disolución, encontrara una vía de escape convirtiéndose en asociación.
