El gobierno español y Junts per Catalunya mantienen el tira y afloja por las medidas sociales que cayeron la semana pasada después de que el Congreso, con los votos en contra de Junts, PP y Vox, rechazara el decreto ómnibus del ejecutivo de Pedro Sánchez. Los de la formación de Carles Puigdemont han sido muy claros con sus condiciones y han reclamado que el Consejo de Ministros de este martes sirva para aprobar un decreto que solo contenga la revalorización de las pensiones y el ingreso mínimo vital, las bonificaciones al transporte público y las ayudas por la DANA. Esta es la propuesta de Junts que el ejecutivo español se resiste a aceptar, ya que no está dispuesto a trocear y hacer cambios en el articulado del texto, que, entre las medidas rechazadas por Junts, mantendría la prohibición de desahuciar a las familias más vulnerables.
Los ministros del PSOE ya descartaron «trocear» el decreto ómnibus, y, si no hay cambio de última hora, la decisión no llegará en el Consejo de Ministros previsto para este martes. Los socialistas mantienen que el ejecutivo español volverá a proponer un decreto social, pero remarcan que aún están estudiando «la fórmula que sea mejor» para que finalmente pueda salir adelante. De hecho, el presidente español se muestra convencido de que podrá sacar adelante el decreto ómnibus a pesar de la derrota de la semana pasada y al hecho de que, ahora mismo, todavía no cuenta con los votos necesarios. «Buscaremos los votos debajo de las piedras por responsabilidad y por convicción», ha asegurado este fin de semana al cierre del congreso socialista de Canarias.
«Por supuesto que volveremos a llevarlo porque hay que subir las pensiones, hay que subir el salario mínimo, hay que recuperar y ampliar estas bonificaciones al transporte», ha proclamado este lunes la secretaria de Política Económica del PSOE, Enma López, aunque ha evitado concretar el día exacto en que se debatirá este asunto en el Consejo de Ministros. López ha avalado las palabras de Sánchez y ha añadido que los socialistas están estudiando la «mejor fórmula» para que se apruebe. De hecho, el PSOE quiere algún tipo de garantía antes de llevarlo al Consejo de Ministros y evitar otra derrota en el Congreso.
Junts pide «un decreto individualizado», pero el PSOE no quiere «trocear»
De momento no hay acuerdo, y el gobierno español podría posponer una semana la decisión para intentar encontrar una solución a este tira y afloja que mantienen Junts y socialistas. Los primeros reclaman un decreto «individualizado» que incluya pensiones, ingreso mínimo vital, transporte público y ayudas por la DANA. «El gobierno español tiene perfecta constancia de nuestra propuesta para salir del atolladero«, ha dejado claro Josep Rius, portavoz de Junts, y ha dejado claro que «la pelota está en el tejado» del ejecutivo de Sánchez. En cambio, los ministros del gobierno español, al menos en público, no se mueven un milímetro de la línea marcada por Sánchez y descartan frontalmente trocear el decreto ómnibus, como piden PP y Junts.
La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha sido la más gráfica asegurando que «la protección social no se trocea», sin especificar si el nuevo decreto debe ir o no al Consejo de Ministros de este martes. También ha descartado hacer cambios la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha defendido tensar la cuerda y llevar el decreto «tal como está» porque la política «basada en el dolor no es lo que quieren los ciudadanos». El Gobierno español se plantea recuperar las medidas del escudo social para conseguir los votos del PP y Junts, pero en ningún caso quiere presentar una versión tan reducida como reclaman los de Carles Puigdemont y mantienen la intención de mantener la prórroga de la prohibición de los desahucios a familias vulnerables.
De hecho, los de Junts ya denunciaron la semana pasada que el polémico decreto incluía medidas como la subida del IVA para ciertos productos, la creación de nuevos impuestos o la prórroga de la prohibición de los desahucios a familias vulnerables. Unas medidas que ellos rechazan, y que reclaman que se excluyan del nuevo decreto porque, según advirtió Turull, el resultado del Decreto Ómnibus rechazado provocaba «el empobrecimiento de los jubilados, y más aún de los jubilados catalanes donde el costo de la vida es un 7,6% superior a la media del Estado».
