Reprimendas, exigencias de transparencia, quejas y decepciones. Estos serían los ingredientes del acta que recoge la reunión de «coordinación nacional de los consejos locales» del Consell de la República. Un encuentro, con el sello de extraordinario, celebrado el pasado 15 de diciembre en Anglès, donde se reunieron representantes de las franquicias territoriales catalanas -miembros de Juntas Rectoras de Consejos Locales y de los ámbitos territoriales- del Consell de la República que se dirige desde Bruselas.
La cita reunió a la Junta Gestora que ahora administra el desorden del Consell a raíz de las irregularidades detectadas en la gestión de su vicepresidente, eurodiputado electo de Junts per Catalunya y hasta ahora uno de los pocos hombres de máxima confianza política del presidente en el exilio Carles Puigdemont. El acta, de 16 páginas y a la cual ha tenido acceso El Món, refleja la preocupación por la situación financiera, política e interna de la entidad. Una preocupación compartida tanto por los miembros de la Junta Gestora que participaron en el cónclave –Teresa Vallverdú, Alícia Ribalta, Mingo Berrio, Mercè Jou y Marc Alomà– como por los representantes locales que aprovecharon la ocasión para manifestar su malestar y su indignación con la situación.
«Anomalías», la palabra más repetida
La primera en abrir el fuego de la reunión fue la abogada Teresa Vallverdú, que contextualizó la situación del Consell a raíz de lo que denominó como «auditoría de gestión» y las «anomalías» que detectó. «La primera anomalía que menciona el auditor es que estamos en una situación moderadamente preocupante, gastamos un poco más de lo que tenemos», alertó Vallverdú en sus explicaciones. «La segunda anomalía es que hay una entidad que ingresa el dinero y una entidad catalana que no tiene capacidad de pagar a los trabajadores», aclaró. «Hay una gestión administrativa deficiente», sentenció. De todos modos, Vallverdú remarcó que «no se ha hecho nada ilegal», pero subrayó que «las cosas se pueden hacer mejor para que no haya anomalías».
En el mismo sentido, Vallverdú alertó que aún es pronto para sacar todas las conclusiones sobre las cuentas de la entidad porque «la auditoría no cuenta aún con toda la contabilidad del ejercicio 2023 y 2024». «Se está haciendo una pequeña auditoría contable, con la intención de identificar las deudas más grandes», subrayó. De hecho, informó que con los dos acreedores más altos -que el acta no menciona– ya se ha contactado y negociado y se han concedido dos condonaciones importantes. En la misma línea, se ha programado un plan de amortización que prevé que en el mes de junio el Consell podría dejar a cero la deuda o al menos las cuentas saneadas.
Las territoriales, con un demonio en cada oreja
El relato de Vallverdú, sin embargo, no convenció a los participantes en la reunión, todos ellos viejos lobos en la gestión de entidades culturales, políticas y sociales. Se quedaron con los ojos bien abiertos y un demonio en cada oreja. Desde la Asamblea Territorial del Camp de Tarragona se pidió «la presentación de un estado de cuentas claro antes de las elecciones, para saber el pasivo que se arrastra». Así, también exigieron «saber las cuentas más antiguas de 2022 y de 2023» y más «transparencia», que haya gastos claros que no se transformen en «agujeros negros» como el gasto de la Casa de la República.
El representante tarraconense no se quedó solo y tuvo el apoyo explícito del representante del Vallès Oriental, que quería «ver las cuentas claras». También adujo que es necesario esclarecer la financiación de la Casa de la República y exhortó a la Junta Gestora «conocer las partidas claras». A la petición de claridad también se sumó la Asamblea Territorial del Barcelonès-Baix Llobregat, que expresó su inquietud por «la falta de transparencia» y por el retraso en responder a una «solicitud de control económico».
República Global, un embrollo
Además, todos incidieron en los problemas que conlleva la reducción del 50% de la masa salarial del Consell y su gestión por parte de República Global, la entidad catalana que gestiona el gasto salarial de la entidad a través de la legalidad laboral española. En su defensa, la Junta Gestora argumentó que no tienen ninguna información financiera de República Global, la entidad catalana que gestiona el pago de las nóminas de los trabajadores del Consell. «No sabemos las deudas que tienen», indicó la Junta Gestora a preguntas de los representantes territoriales. «Una cosa es lo que hay y otra lo que sabemos», aseveró para admitir que la Junta Gestora no tiene la capacidad de tener acceso a la información de República Global.
En un momento del encuentro, Vallverdú recriminó a República Global que hubiera descartado hacer un encuentro en Barcelona para aclarar su situación financiera. Ellos son responsables de la deuda, y nosotros no sabemos cuál es esa deuda para poder ayudarles», razonaron. «Tampoco nos han enviado la documentación que pedimos», reprocharon. Por otro lado, el representante del consejo local de Tramuntana-Alt Empordà recuerda que una indemnización por despido también es un gasto y hay que tenerlo presente a la vista de la situación financiera general de la entidad en el exilio.
Las bajas de asociados, otra preocupación
En el mismo escenario, una de las cuestiones que más preocupan a los responsables territoriales del CxR es el censo electoral y las bajas de asociados. En este sentido, los representantes del Maresme y del Alt Pirineu y Aran también se interesaron por tener los números claros respecto del censo electoral y qué «reducción de ingresos por registrados ha habido en el último año». La Junta Gestora volvió a responder que no tiene toda la información, un hecho que muestra el desorden de la contabilidad de la entidad. «En cuanto a la reducción de ingresos por registrados, están trabajando para saberlo todo lo antes posible», refleja el acta. «Remarcan que los que han dejado de pagar pero no se han dado de baja tienen los mismos derechos que todos», destaca el mismo documento recogiendo las palabras de los representantes de la Junta Gestora.
El representante de Santpedor y Castellnou de Bages también aprovechó su turno para criticar la falta de «pulcritud democrática» en el actual funcionamiento del Consell. En cambio, el representante del Alt Pirineu y Aran defendió la figura de Comín y aseguró que ya era suficiente de «maltratarlo y mostrarle hostilidad reiterada referente a su gestión como vicepresidente del Consell y algunas de sus gastos que quedaron definitivamente aceptadas». Además, afirmó que República Global tiene una «deuda importante» y que la asociación ha sido también «injustamente tratada». Una opinión que molestó a Marc Alomà, un hombre de formato serio y sin aversión a la vehemencia, que replicó con ironía: «Le felicito porque ningún miembro de la JG tiene el detalle de las deudas de Rep Global». «Si a alguien le hacen dos solicitudes por escrito y la respuesta es ‘usted no es nadie para pedirme nada’, ya queda todo contestado [con relación a Rep Global]», remarcó. «La Junta Gestora no tiene la justificación de nada», cerró el debate Alomà.
Por su parte, el representante de Sant Feliu de Pallerols quiso explicaciones sobre las aportaciones para los agentes de los Mossos d’Esquadra represaliados por supuestamente haber ayudado al presidente Puigdemont el día que volvió del exilio. El representante del Alt Ter dio un paso más allá y exigió «explicaciones» a los «responsables» de la mala gestión. «Si hay mala gestión, ha pasado por alguna razón, que se explique», apostó. Y el representante del Bages propuso aclarar las «donaciones para tener claro a quién van dirigidas». El Vietnam interno continúa.
