El presidente al exilio, Carles Puigdemont, y Toni Comín han ofrecido las primeras declaraciones después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya desestimado sus recursos contra la decisión del Parlamento Europeo de no reconocerlos como eurodiputados el 2019. Esta decisión, que deja en una situación vulnerable a Comín, puesto que la actual mesa de la Eurocámara no lo reconoce como eurodiputado. La desestimación ha hecho que los dos políticos catalanes al exilio muestren una «profunda preocupación» porque, según argumentan, mientras el tribunal europeo no resuelva esta situación «abre una puerta para que otros Estados miembros de la UE puedan imitar el ejemplo de España e inventar requisitos contrarios a los principios de la democracia e incompatibles con el derecho europeo por subvertir los resultados electorales de su país».

En un comunicado conjunto, publicado en la red social X, Puigdemont y Comín han asegurado que esta decisión del TJUE compuerta «un daño irreparable para la democracia europea» y ponen énfasis en la deriva que está sufriendo la Unión Europea, en la cual aseguran que hay «un incremento de las posiciones autoritarias en varios estados de la UE.


Quieren presentar una cuestión prejudicial

El presidente al exilio y el ex consejero han anunciado que llevarán a la justicia europea la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Tal como han señalado en el post en las redes sociales, Puigdemont y Comín quieren que Europa se pronuncie sobre si jurar la Constitución como requisito para obtener el acta de eurodiputado tiene cabida dentro del derecho europeo. Por eso pedirán «de manera inmediata» que el Tribunal Supremo presente una cuestión prejudicial sobre este aspecto.

Un movimiento judicial que aseguran que puede ‘jugar a favor’ del ex consejero, puesto que «se añadiría a la demanda de cautelares ya presentada actualmente ante el TGUE para corregir la decisión de la presidenta Metsola de denegar el escaño de Toni Comín, elegido a pasadas las elecciones del 9 de junio. Además, han señalado que también están estudiando presentar un recurso de incumplimiento contra el Estado español.

Una sentencia superficial

Puigdemont y Comín han asegurado que la sentencia es superficial, y que «no entra en el fondo de la cuestión que plantearon al Tribunal» para poder averiguar si un estado puede imponer unos requisitos susceptibles de ser incompatibles con el derecho europeo, puesto que impide que eurodiputados electos puedan ser reconocidos como tal, como ha pasado en el caso de Toni Comín. El presidente al exilio y el ex consejero denuncian que el TJUE se ‘lava las manos’ y se «limita» a decir que el Parlamento Europeo no es competente para decidir si los requisitos que están dentro de la LOREG son incompatibles con el derecho europeo.

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