Nuevo capítulo del serial que rodea la aplicación de la ley de amnistía. La entidad cultural e independentista Òmnium Cultural ha denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el «boicot» al cual el poder judicial tiene sometida la aplicación de la ley de amnistía, hecho por el cual, según Òmnium se impide la aplicación “efectiva y rápida”. Xavier Antich, presidente de la entidad, lamenta que la justicia del Estado español tenga “una doble vara de mesurar” en cuanto a la aplicación y la reinterpretación de la ley, señalando que existe una «intencionalidad política y parcial».
La Sindicatura por la Amnistía ha presentado el primer informe sobre la aplicación de la amnistía y señalan que las maniobras consideradas dilatorias de aplicación de la ley como pueden ser los recursos de inconstitucionalidad o las cuestiones prejudiciales a instancias europeas, entre otros, hacen que algunos jueces no quieran aplicar la amnistía hasta que los magistrados de rango superior aplican una doctrina profunda. Los redactores del estudio también alertan que entre las defensas de los investigados detectan que en algunos casos no ven utilidad al pedir una medida de gracia que, según explican, no creen que se les aplique.
Òmnium ha enviado este informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar que la estrategia “paralizadora y dilatoria” del sistema judicial español mengua la “confianza” en el sistema y “perpetúa” la represión política hacia el movimiento independentista. La entidad independentista considera “insuficiente e irregular” la aplicación de la amnistía y culpabiliza a “la oposición de sectores de la derecha y la extrema derecha española, tanto en el ámbito político como judicial”.
«Contraria a la separación de poderes»
La Sindicatura por la Amnistía señala que hay varios motivos por los cuales hay una carencia de aplicación de la ley de amnistía. Uno de estos es el silencio judicial hacia las peticiones de tramitación la negativa “arbitraria” de magistrados y jueces a reconocer que ciertos delitos están cubiertos por la Ley, y la presentación de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional español. Precisamente la actuación del poder judicial se lleva el grosor de las críticas de la entidad independentista, puesto que califican de “arbitraria y contraria a la separación de poderes” la interpretación que el Tribunal Supremo hace sobre el delito de malversación.
Desde Òmnium enviarán el informe en el Síndic de Greuges, el Ombudsman de Europa, la Comisión Internacional de Juristas y el Defensor del Pueblo por “visibilizando la obstrucción de la judicatura ante el ejercicio de derechos fundamentales”.
