Contundente respuesta de la Junta Gestora del Consell de la República y del auditor Miquel Verdaguer a Toni Comín, después de que ayer anunciara una enmienda técnica en la auditoría sobre su gestión que afinaba más la cantidad de la cual podía disponer, siempre que lo justificara, de las donaciones que se recibían a través de las sociedades que dan cobertura jurídica a la entidad en el exilio. Tanto la Junta Gestora como el auditor, en un documento de tres páginas, remarcan que el retoque es una «enmienda técnica» sobre el cálculo del dinero que podía disponer Comín, pero que en ningún caso retira la evaluación sobre la falta de justificación de los gastos, porque difícilmente se ajustan a los objetivos de la institución.
Además, el comunicado remarca que Comín dispuso de un dinero, el de las donaciones, que nunca utilizaron ni Carles Puigdemont, ni Lluís Puig, ni Clara Ponsatí. También subraya que, en su etapa de máxima responsabilidad de la gestión del Consell, puso en riesgo la «viabilidad financiera» del organismo por la deuda que acumulaba. Y sobre la enmienda, el comunicado señala que se ha registrado a raíz de las «presiones y requerimientos verbales y escritos a los que ha sido sometido el auditor con el objetivo de que modificara, a demanda [de Comín], el contenido relativo a los gastos del exvicepresidente» del Consell.
Retirar dinero y generar deudas
«La Junta ha podido confirmar, tal como recoge la auditoría, que en el momento que se llevó a cabo por parte del exvicepresidente, con funciones de director financiero del Consell de la República, la disposición de las cantidades previstas en concepto de ayuda al exilio y de los gastos considerados por el auditor como no justificados, lejos de existir un superávit el endeudamiento del Consell ponía en riesgo su viabilidad financiera«, alerta el comunicado.
Es decir, que a pesar de conocer la difícil situación financiera de la entidad, disponía del dinero para gastos no justificados. El endeudamiento, según el comunicado, era el «método y criterio aplicado por la dirección financiera, para poder permitir al Consell el mantenimiento de una masa salarial, asociada a la estructura técnica, sobredimensionada, y los gastos descritos, demorar o no pagar a los proveedores». Por lo tanto, incrementar el endeudamiento ponía en riesgo las nóminas del personal.
«Únicamente una enmienda técnica»
Según firman el auditor y la Junta Gestora, la aclaración del informe «se refiere, únicamente y exclusivamente, a una enmienda técnica, consistente en incorporar, textualmente, con finalidad de anexo, un punto del acuerdo entre las entidades estructurales del Consell de la República, Cat Global y CatCip, de fecha 3 de octubre de 2023, que no se hizo constar de forma literal en la auditoría». Y añade, «la aclaración, por tanto, se limita a describir, otro sistema de distribución de las donaciones recibidas, por el concepto exilio». Para el auditor, «la aclaración llevada a cabo, consistente en la mención e incorporación del otro punto del acuerdo, el punto 6, en el contexto de la auditoría, solo constata y permite describir, completamente, los mecanismos ya expuestos en la auditoría, sobre cómo está previsto sostener el exilio, y en definitiva las necesidades y la ayuda a los exiliados».
En este sentido, el auditor y la Junta recuerdan que este dinero es «ayuda, que no remuneración». De ahí que resalte que el presidente Carles Puigdemont y el conseller Lluís Puig «no hicieron ninguna disposición ni por la vía descrita en la auditoría» y «ni por la vía incorporada mediante la aclaración (apartado 6 del acuerdo) dado que, en la fecha del acuerdo descrito, estas personas percibían remuneraciones, como eurodiputado [igual que Comín] y diputado en el Parlamento de Cataluña, respectivamente«.
Insisten: el problema es la falta de justificación de los gastos
El comunicado vuelve a concluir lo que afirmaba el primer informe: “A priori, estos gastos no parecen estar justificados dentro del marco de la defensa del exilio, dado que están destinados a un cargo que ya dispone de ingresos propios [como eurodiputado]». En concreto, se trata de gastos de un importe arrastrado del 2022; una multa de tráfico 363 €; el alquiler de un vehículo 15 días, 1997,35 euros; el alquiler de un apartamento 15 días, 2562,00 euros y el pago de impuestos apartamento Lovaina, 4.608 euros, así como 6.000 euros en retiradas de efectivo.
«Cabe destacar que, en la aclaración presentada, no hay ninguna mención sobre el hecho de que la incorporación del punto del acuerdo, no mencionado inicialmente en la auditoría, comporte la modificación de la conclusión transcrita», continúa. «Ni tampoco de ninguna otra», remata. «La aclaración efectuada confirma que la auditoría en ningún caso pone en duda que se pudiera ser beneficiario de importes por concepto de ayuda al exilio con justificación, sino que lo que se pone en duda es que en el caso concreto del único exiliado que fue beneficiario, el exvicepresidente, estuviera justificado el uso que se dio a los importes recibidos; atendiendo, como dice la auditoría, «con relación a los intereses y finalidades de la entidad».
