El independentismo cívico no es ajeno a la pérdida de poder institucional que ha sufrido el movimiento tras las elecciones del pasado 12 de mayo en el Parlamento, que llevaron a la pérdida de la mayoría independentista en la cámara catalana y la entrada de Salvador Illa y el PSC en la Generalitat después de una década de gobiernos independentistas. Esto ha provocado que entidades como la Assemblea Nacional Catalana (ANC) o Òmnium Cultural, que han recuperado la buena sintonía después de unos años de relaciones complicadas, se hayan visto forzadas a replantear sus hojas de ruta u objetivos a corto plazo. A esto, se suma que el Consell de la República sufre una grave crisis reputacional a raíz de los gastos «no justificados» del vicepresidente de la entidad, Toni Comín, que han desencadenado una guerra interna en la entidad en el exilio, que afrontará a principios de año un proceso electoral interno.
La ANC y Òmnium, que estuvieron al lado del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, en su regreso relámpago, unieron fuerzas para la Diada de este año para afrontar esta nueva etapa del independentismo y lamentaron la pérdida de la mayoría independentista en el Parlamento. Las dos principales entidades independentistas, junto con la AMI, el Consell de la República, la Intersindical, Ciemen y los CDR, quisieron dar una imagen de unidad con un manifiesto conjunto en un momento en que el independentismo institucional está más dividido que nunca a la espera de que el presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se reúnan para mantener “un intercambio de opiniones” sobre cómo ven «el futuro». De hecho, las siete entidades no escatimaron críticas a las formaciones independentistas, que han desperdiciado mayorías con «discusiones cainitas» por la hegemonía del movimiento.
El independentismo civil, por otro lado, aprovechó la Diada para marcar las principales reivindicaciones del movimiento después de haber perdido el poder institucional y con Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat. Así, el movimiento independentista ve innegociable la defensa de la lengua catalana, que pasa por un momento de emergencia nacional, el fin del expolio fiscal, cifrado en 22,000 millones de euros anuales, y un futuro digno para todos los catalanes en aspectos como el acceso a la vivienda, las desigualdades territoriales y para garantizar un futuro a los jóvenes. Y todo esto, con una advertencia para que el independentismo deje de lamerse las heridas provocadas por el Procés y vuelva a luchar unido para alcanzar el objetivo de cualquier independentista: «Ni estamos pacificados ni nos han pacificado».
La ANC estrenará nueva hoja de ruta este enero: unilateralidad y renacionalización
El Secretariado Nacional de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) tiene lista la propuesta de la hoja de ruta para los años 2025-2026 y el proceso de participación territorial para que las bases pudieran presentar enmiendas al texto finalizó el pasado 28 de diciembre. Ahora, según detallan fuentes oficiales de la entidad, la comisión de enmiendas ha comenzado ya a revisar las enmiendas con el objetivo de intentar transaccionar el máximo. Este proceso de revisión durará hasta el día 8 o 10 de enero, y las enmiendas vivas se votarán en la asamblea general extraordinaria que tendrá lugar del 15 al 19 de enero de forma telemática, que deberá validar la hoja de ruta definitiva.
La propuesta de hoja de ruta surgida del Secretariado Nacional, que debatió hasta 122 enmiendas, se focaliza en la “recuperación de la unilateralidad” como estrategia «central» del independentismo y defiende que “solo una Cataluña fuerte podrá alcanzar la independencia”. Es por ello, que la entidad independentista defiende una “estrategia de renacionalización” basada en dos aspectos: la denuncia de los “efectos nefastos de la ocupación española” y, por otro lado, la creación de «estructuras de país». Además, pone énfasis en la necesidad de crear «un movimiento de desobediencia civil, a través de la lucha no violenta», como única respuesta a la actitud totalitaria del Estado español. Un movimiento que según la entidad, debe ser «capaz de paralizar el país en el momento de hacer efectiva la República Catalana».
Òmnium reclama unidad y centra sus esfuerzos en revertir la situación del catalán
Òmnium Cultural, por su parte, destaca la necesidad de trabajar por la lengua, la cultura, la cohesión social y el país, pero reclama unidad estratégica al independentismo y replantear el movimiento porque, como destacó Xavier Antich durante la Diada, «ya no estamos en 2017 sino en 2024». «No estamos aquí para alimentar el desánimo ni el catastrofismo ni para alimentar la nostalgia», y advirtió que el movimiento no podrá avanzar «hasta que no se haga la autocrítica necesaria». Òmnium sigue comprometido con el derecho de autodeterminación y con el objetivo de que Cataluña alcance la independencia, pero consciente de que el independentismo debe volver a construir una mayoría cívica y social que nos permita recuperar la hegemonía también en el ámbito político e institucional.
Asimismo, quiere influir en las políticas del nuevo Gobierno, sobre todo en materia de lengua. Por ello, Antich se reunió con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat el pasado 11 de noviembre para reclamarle más recursos para impulsar el catalán. En el encuentro que estaba pendiente desde el 24 de octubre ante la negativa de Òmnium a coincidir con la recepción de Illa a representantes de Societat Civil Catalana, Antich le reclamó que la lengua “llegue a todos” y «sea la puerta de entrada para participar en la vida social, política y cultural del país». Aquel mismo día, el líder de Òmnium también se reunió con el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila y anunciaron la intención de hacerlo con el resto de consejerías con competencias en el área lingüística para que la lengua «siempre ha sido, es y será motivo de cohesión social y de estima a nuestro país».
Días después del encuentro con Illa, Xavier Antich mantuvo una reunión en el Parlamento de Cataluña con representantes del PSC, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, los Comuns y la CUP para reclamarles que en la negociación presupuestaria exijan al Gobierno doblar los recursos que la Generalitat destina a las clases de catalán con el objetivo de llegar a las 200,000 plazas y universalizar el conocimiento de catalán en 10 años como máximo. Òmnium Cultural, por otro lado, también reclamó a los grupos parlamentarios una estrategia unitaria para proteger el modelo de escuela catalana.
Elecciones en el Consell de la República en plena crisis interna
El Consell de la República, hasta ahora por el presidente en el exilio y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, celebrará un proceso de elecciones internas para reformularse y reorganizar su organigrama. La convocatoria a la presidencia de la entidad se hará el 7 de enero, y las elecciones se celebrarán entre el 8 y el 12 de febrero. La miembro de la junta gestora del Consell de la República Teresa Vallverdú lo anunció durante la ofrenda floral que la entidad en el exilio hizo el día de Navidad en la tumba de Francesc Macià, coincidiendo con el 91º aniversario de su muerte a causa de una apendicitis, y reclamó «colaboración» y «participación» para intentar «hacer un Consell más fuerte y transversal, pero sobre todo un Consell que pueda servir a nuestro país«.
El organismo, que pasa por problemas laborales y financieros que afectan la estructura territorial del Consell, celebrará este proceso interno inmerso en una crisis interna y reputacional originada a raíz de las «irregularidades» en los gastos del exconsejero y vicepresidente de la entidad, Toni Comín, un hecho que primero llevó a la decisión de delegar la gestión financiera en dos miembros más del gobierno de la entidad para recortar poder al exconsejero y después terminó con la dimisión en bloque del gobierno de la entidad en el exilio para salvar su valor reputacional. Durante el proceso de transición hacia una nueva presidencia, sin embargo, la guerra interna de la entidad se ha incrementado después de que la junta gestora ha roto relaciones con la Associació Cultural República Global (ACRG), que da cobertura a los consejos locales, por falta de colaboración, mientras que Comín insiste en que todo el caso es una conspiración contra él a pesar de que la auditoría que revela gastos «no justificados» es clara.
