El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este martes por unanimidad suspender la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide declarar la independencia de Cataluña. Una ILP que la Mesa del Parlamento admitió a trámite el pasado 20 de febrero impulsada por Solidaridad Catalana por la Independencia, y que salió adelante gracias a los tres votos a favor de Junts y la CUP. Ahora, pero, el Constitucional ha tumbado la iniciativa. Esta decisión, como era de esperar, no ha tenido un buen recibimiento entre las filas del Gobierno de Pere Aragonès: «Han aprendido poco o nada», ha espetado la portavoz del ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, durante la tradicional rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo.

Plaja considera que el TC ha decidido suspender esta iniciativa fruto de un «interés electoral», puesto que cada vez se acercan más las elecciones vascas, planificadas para el domingo 21 de abril, las elecciones catalanas del 12 de mayo y las elecciones europeas del mes de junio. Tres fechas señaladas en el calendario que pueden suponer un terremoto para la fortaleza del gobierno español de Pedro Sánchez, que ha arrancado la legislatura con varios retos como la ley de amnistía, en pleno periplo del Senado. Así pues, para la portavoz del Gobierno de Pere Aragonès, la decisión del Constitucional tiene por objetivo «coartar» el debate político y poner bastones a las ruedas a iniciativas que «no los interesan»: «Demuestran que están aprendiendo poco o nada de los últimos años», remacha la portavoz del ejecutivo catalán.

Imagen del edificio del Tribunal Constitucional (TC) a Madrid / Miquel Vera (ACN)
Imagen del edificio del Tribunal Constitucional (TC) a Madrid / Miquel Vera (ACN)

Una decisión unánime

Los magistrados del Tribunal Constitucional han tomado la decisión de suspender la ILP sobre la independencia por unanimidad después de una hora y media de intenso debate. A pesar de que la Mesa del hemiciclo catalán dio luz verde a la iniciativa, el Consejo de Ministros del gobierno español decidió enviarla a la justicia, que ha acabado tumbándola. Ahora, pues, el Constitucional ha dado cuenta de la demanda y de los documentos presentados al Parlamento y le da un plazo de 20 días para aportar las alegaciones que considere convenientes.

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