100.000 procedimientos abiertos con multas. Esta es la cifra que desde el Gobierno de la Generalitat de Cataluña calculan que podrían entrar en la ley de amnistía. Según ha explicado la portavoz del Gobierno en funciones, Patrícia Plaja, esta cifra es «provisional» y no hace referencia a personas, puesto que más de un ciudadano puede acumular varias multas. Plaja ha anunciado que desde la consellería de Interior se habilitará un mecanismo para recopilar toda la información de los ciudadanos sancionados y que trabajarán para resolver estos procedimientos.
Según ha explicado la portavoz del Gobierno en funciones, en caso de que la amnistía se haya solicitado por una de las partes, la tramitación se tendría que impulsar con carácter «preferente y urgente». Así, los abogados de la Generalitat y el personal habilitarían los procedimientos tramitados a los órganos judiciales correspondientes para que la asistencia al solicitante se aplique de manera rápida y efectiva. Desde el Gobierno en funciones señalan que se ofrecerá asistencia y defiende a todos los cargos electos y altos cargo (o ex altos cargos) de la Generalitat que estén implicados en los hechos.
En cuanto a aquellos procedimientos que se hayan tramitado ante la orden judicial penal, la Generalitat de Cataluña pedirá que se sobresea o haya una sentencia absolutoria, en función del momento en el cual se encuentre el procedimiento procesal, y pedirá que se levanten las medidas cautelares. Si el juicio ya está en marcha, se pedirá la aplicación de la ley de amnistía como artículo de previo pronunciamiento a la conformidad.
Las sentencias no firmes y las firmes
En este tipo de sentencia, Plaja ha señalado que la Generalitat interpondrá los recursos pertinentes y, en caso de que estos ya estén en tramitación, se harán las alegaciones que sean necesarias bajo el paraguas de la aplicación de la amnistía. En caso de que la sentencia sea firme, se solicitará la revisión y se instará a que se finalice, inmediatamente, cualquier pena de cualquier naturaleza.
Además, los servicios jurídicos de la Generalitat pedirán, cuando sea necesario, que se elimine cualquier antecedente penal. Plaja ha querido destacar que esto se aplicará a todos los procedimientos, incluido ante el Tribunal de Cuentas, y en las causas contra empleados públicos, cargos y excargos electos en el ejercicio de sus funciones.
