Jordi Domingo ha presentado oficialmente su candidatura a presidir el Consell de la República este mediodía en Barcelona. El Espai Línia de la calle Girona se ha llenado de veteranos del insistente activismo independentista, algunos de los investigados por el servicio de información de la Guardia Civil y de figuras de la actual junta gestora que administra la entidad en el exilio. Domingo ha presentado su programa con un algoritmo triple: «transparencia, consenso y territorio». De hecho, el objetivo es intentar reflotar la situación de un instrumento político bastante dañado reputacionalmente y con escasísima influencia política.

El abogado, fiel a su estilo tranquilo, ha decidido dar el paso tras la crisis abierta por las irregularidades detectadas en la gestión del Consell centradas en las decisiones de su vicepresidente, Toni Comín, quien, por cierto, anunció la semana pasada que volvía a presentar candidatura. En concreto, la idea de Domingo es articular un equipo de gobierno del Consell para enderezar la situación, restablecer la confianza y volver a convertir la entidad en un sujeto político práctico y presente en la biosfera política catalana.

Jordi Domingo, en la presentación de su candidatura
Jordi Domingo, en la presentación de su candidatura

Transparencia y mantener la sede en el extranjero

«El Consell de la República debe fundamentarse en una voluntad clara de transparencia», sentenció Domingo. «Basta de actuaciones que no sean transparentes y basta de ocultar las cosas sin explicarlas», añadió. «Solo hay que dejar de hacer participar a la gente en aquello que es absolutamente imprescindible que participen», expresó. También enfatizó las diferencias entre los partidos independentistas en Cataluña con las funciones del Consell.

Domingo afirmó que presenta su candidatura porque el independentismo ha perdido la mayoría en el Parlament y Cataluña «está en manos del autonomismo del 155 y en manos de gente que claramente no quieren la independencia del país y militan en contra». De ahí que el candidato reivindicó que la entidad continúe fuera del Estado español, porque aunque más tarde que pronto se aplicará la ley de amnistía, la represión continuará. Por tanto, defenderá mantenerla fuera del Estado. «Debe ser un cuartel libre, debemos garantizar que haya una estructura institucional que internacionalice el conflicto».

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