El gobierno del Consell de la República, integrado por personas de la máxima confianza de Carles Puigdemont, ha decidido restringir a su vicepresidente, Toni Comín, en pleno escándalo por las «irregularidades» detectadas en su gestión económica y financiera de la entidad en el exilio. Tras una tensa reunión del ejecutivo, sus integrantes decidieron anoche «delegar la gestión del ámbito financiero en dos miembros más del gobierno» de la entidad, además de Comín.
Este trío deberá tomar las decisiones de manera «mancomunada e igualitaria, es decir, con la conformidad de dos de los tres miembros» como mínimo. Una manera bastante directa de retirar de facto a Comín las competencias en la gestión económica que tenía ahora en exclusiva, aunque conserva el cargo de vicepresidente. Así lo ha especificado el Consell a través de un comunicado oficial, aunque algunas fuentes de la reunión aseguran que se le pidió su dimisión.
Desacuerdo entre los miembros del gobierno del Consell
La decisión no llega por unanimidad de los integrantes del gobierno del Consell, algunos de los cuales expresan en privado que «se están blanqueando las sospechas» sobre las «irregularidades» detectadas en la auditoría que se ha llevado a cabo para aclarar gastos personales de Comín cargados a la caja de la entidad. Aun así, remarcan que, como mínimo, los pagos deberán acordarse de manera «imprescindible» por mayoría de dos de los tres miembros que dirigirán las finanzas. Decisiones que también «deberán ser ratificadas por el gobierno del Consell». Miembros de este consejo como Toni Castellà o Teresa Vallverdú son miembros de la nueva dirección de Junts per Catalunya elegida en el congreso que la formación celebró el pasado fin de semana en Calella.
Reducción del gasto de personal
Por otro lado, el ejecutivo del exilio también ha decidido reducir a la mitad la masa salarial del equipo técnico del consell. Una de las advertencias del auditor que consideraba poco clara esta partida. En este sentido, a través del mismo comunicado, el gobierno del órgano en el exilio admite que la «situación financiera detectada en la auditoría» la valoran como «moderadamente preocupante». De hecho, remarcan que el cómputo global del año, el gasto supera los ingresos y, por lo tanto, se ha decidido recortar en los trabajadores. La reducción la llevarán a cabo este triunvirato financiero.
En el mismo paquete de reforma también se acordó establecer «unas normas básicas de gobernanza claras, incluyendo los criterios para la selección de proveedores». Todo esto es la aplicación de algunas de las recomendaciones del auditor. Otra de las demandas tanto del auditor como del gestor así como de miembros de los consejos locales. De hecho, este punto ha comenzado a hervir dentro de la estructura de la organización, en concreto, la organización del acto en Perpiñán de Carles Puigdemont en marzo de 2020, donde se habría obligado a un cambio de proveedores y posteriormente, se habría abierto un conflicto económico con el ayuntamiento de la capital de la Cataluña Norte que aún ronda por los tribunales.
