«Las cosas están complicadas». Con esta frase, fuentes del hueso negociador de Junts que hace horas que está reunido en Brusel·las, describen las conversaciones que mantienen con el PSOE para renovar Pedro Sánchez como presidente español a raíz del resultado del 23 de julio. «No está nada claro, hoy por hoy, el apoyo de Juntos en un acuerdo, aunque se registre una ley de amnistía», alegan desde la otra banda negociadora. Todo en un ambiente de presión hacia el presidente al exilio, Carles Puigdemont, que dirige de manera personal las negociaciones. «Todavía no hay acuerdo», insisten las mismas fuentes juntaires consultadas por El Mundo, que subrayan el adverbio «todavía». La cláusula del borrador de la ley sería la que hace referencia a los casos de
Todo en el marco de los acuerdos que ERC ha firmado en los últimos dos días con los socialistas para la investidura. Por un lado, el de la vigilia de Todo Sants, sobre la amnistía, que todavía no se ha puesto negro sobre blanco ni se ha firmado y otro anunciado esta mañana por el «traspaso integral de Cercanías».
A todo esto, se suma la presión que PSOE y PSC han hecho desde el pasado sábado anunciando que, prácticamente, la amnistía estaba acordada. Una sensación que se alimentó con la reunión que Puigdemont celebró con el número 3 del PSOE, Santos Cerdan, la tarde de lunes en Bruselas. Ahora bien, la parte de la negociación sobre el reconocimiento nacional de Cataluña o la figura de un relator enturbiaba las conversaciones de los últimos flecos de un virtual acuerdo. Antes del mediodía, pero, el PSOE habría admitido la figura del relator. En todo caso, Juntos ya avisa que «quizás más tarde habrá una rueda de prensa» para explicar el estado de la situación.
Negociaciones bajo presión
De todas maneras, el PSOE todavía contempla el debate de investidura para el próximo 7 de noviembre o pocos días después. Es más, socialistas y Sumar no descartan que se presente la proposición de ley de la amnistía, con su firma y la de ERC, pero sin la firma de Junts, si hiciera falta. Un hecho que también pasó con la propuesta de reforma del reglamento por el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de Diputados. Una decisión que mantendría las posibilidades de negociación sobre el papel de la ley de amnistía y de las otras cuestiones que, para Puigdemont, atendida su conferencia del pasado cinco de septiembre son claves para el «compromiso histórico» que pide.
En este contexto, hay voces dentro de Juntos que ven la posibilidad que se parta la posibilidad de acuerdo y se obligue una nueva convocatoria electoral lo debe de enero. Las explicaciones desde los juntaires son francas. Por un lado, no creen que al PSOE le fuera mal una nueva contienda electoral, porque puede explicar que ha hecho todos los esfuerzos posibles y alegaría que ha sido el independentismo el que ha rechazado el acuerdo. Una posición que fortalecería el PSOE, pero también Juntos porque habría aguantado la posición, y que perjudicaría Vox y el PP, a quién Sánchez habría fagocitado. Por ahora, con ERC habiendo firmado la amnistía, Juntos tendría que subir el listón con otras demandas como por ejemplo la del relator que, a priori, el PSOE habría aceptado.
