La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha denunciado ante la ONU la criminalización del independentismo, así como la carencia de respecto al estado de derecho y la protección de los derechos humanos de los catalanes. Lo ha hecho enviando un informe conjunto con la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO) a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, en el marco de la cuarta Revisión Periódica Universal (RPU) del Reino de España, que tendrá lugar en 2025.
El escrito critica la politización y carencia sistemática de independencia del poder judicial español, que ha erosionado el derecho a un juicio justo y a la igualdad porque, todo y la aprobación de la ley de amnistía el mayo pasado, los magistrados españoles continúan aplicándola de manera desigual, apoyándose en «una interpretación distorsionada de la legislación». La entidad remarca que a pesar de que la ley aprobada por el Congreso excluye los casos de tortura y tratos inhumanos y degradantes, se ha aplicado a 51 policías españoles acusados de violencia policial desproporcionada contra manifestantes pacíficos durante el Primero de Octubre del 2017. Así mismo, se ha trasladado que «se utilizaron canales oficiales de comunicación interna de la Autoridad Judicial española para instruir a los jueces españoles sobre como obstaculizar su implementación».
Malgrat el carácter pacífico del movimiento independentista catalán, las autoridades españolas han acusado falsamente activistas de violencia, tildándolos de terroristas, “con el fin de criminalizar el derecho a manifestarse, creando un efecto paralizador que amenaza el derecho a la libertad de reunión y de asociación”. El informe habla del Operación Judes contra 12 activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR), que estuvieron en prisión preventiva durante cuatro meses el 2019. Su caso todavía está pendiente, puesto que el juez responsable se negó a aplicarlos la amnistía, e hizo llegar una prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otros activistas del CDR también fueron acusados arbitrariamente de terrorismo y finalmente fueron absueltos, sin que sus casos acabaran con ninguna condena.
Abusos del derecho a la intimidad con herramientas de espionaje ilegales
Por otro lado, la comunicación de la ANC-UNPO también describe los abusos al derecho a la intimidad, con el uso de herramientas de espionaje ilegales contra el movimiento independentista catalán, el ataque a instituciones y representantes electos catalanes que vulnera el derecho a la participación ciudadana, y los abusos al derecho a la igualdad y la libertad de discriminación, y el derecho a la lengua y la cultura.
En referencia a la lengua, el informe subraya el deterioro constante del estatus del catalán a la enseñanza, sobre todo a raíz de la sentencia del Supremo de 2015, que decía que el 25% de las asignaturas que se imparten en las escuelas catalanas se tienen que impartir en castellano y que «representó un gran obstáculo institucional para la implantación del sistema del modelo de inmersión en las escuelas catalanas». En este sentido, recuerda que esto también alertó el Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, que recientemente señaló que varios procedimientos judiciales confirmados por el Supremo “no son compatibles con los compromisos ratificados por España en virtud de la Carta”.
