La Asamblea Nacional Catalana (ANC) actualizará el plan para el período 2025-2026 con el objetivo de definir las líneas estratégicas y de trabajo en una asamblea general extraordinaria que se celebrará de forma telemática entre el 15 y el 19 de enero. La actualización para preparar «un nuevo enfrentamiento con el Estado español» se lleva a cabo porque “el escenario de la lucha por la independencia que preveía el último plan, de mayo de 2023, necesita una urgente actualización”. La entidad ha finalizado la propuesta en un documento al que ha tenido acceso El Món. El texto define la estrategia a seguir en caso de elecciones anticipadas al Parlamento de Cataluña con un único objetivo: «Recuperar la mayoría independentista», y plantea «una legislatura análoga a la de 2012». Aquella legislatura, recuerda el texto, comenzó con «la Declaración de Soberanía, seguida de la proposición de un referéndum en el Congreso de Diputados, la consulta del 9-N y finalmente las elecciones plebiscitarias de 2015, antesala del referéndum del Primero de Octubre de 2017».
El borrador del plan elaborado por la dirección, que está en fase de enmiendas hasta el día 30, en que se hará el primer debate y votación en el Secretariado Nacional, propone una «Agenda por la Independencia» en dos frentes: la aprobación por el Parlamento de las ILP presentadas como la Carta de la Lengua Catalana, las leyes electoral y de partidos políticos catalanes, y el compromiso de presentar proposiciones de ley en el Congreso como la de la soberanía fiscal contra el expolio. «Muy probablemente estas proposiciones serán denegadas y la Carta de la Lengua Catalana declarada anticonstitucional», expone la dirección de la entidad independentista, que remarca que la negativa deberá generar «grandes protestas» del país y el Parlamento deberá presentar una demanda de independencia ante las Cortes españolas, a través de una reforma de la Constitución, para escalar la «confrontación política» con España. Con la previsión de que la propuesta no será admitida, propone que el presidente de la Generalitat convoque unas elecciones «plebiscitarias» para marcar «el inicio del nuevo enfrentamiento», basado en la desobediencia civil, para hacer efectiva la República Catalana.
La entidad presidida por Lluís Llach deja claro que su papel y el del resto de la sociedad civil independentista deberá ser de «agitación social y política», y subraya que, a diferencia de 2017, «será necesario tener preparada la defensa de la República Catalana» con todas las medidas políticas, sociales y de lucha «planificadas» por parte de la Mesa por la Independencia». No se dan más detalles en este sentido porque la entidad considera «prematuro especificarlas» pero subraya que se deberá prever una parada del país, como el 3 de octubre de 2017, «durante semanas». Convencidos de que el Estado español volverá a aplicar el 155 y perseguirá a los miembros del Gobierno, que «deberán estar preparados para ir a la cárcel o al exilio», la Asamblea considera imprescindible «constituir un gobierno provisional» para defender la República, y que actúe como interlocutor con las instancias internacionales y los estados, incluyendo al español.
La Mesa por la Independencia: un espacio de diálogo, coordinación y participación
La ANC no quiere dar detalles, en el plan que propone la dirección, de los pasos que habrá que llevar a cabo para culminar con éxito este nuevo enfrentamiento con el Estado español, pero deja claro que la “Mesa por la Independencia”, una estructura permanente que surja del «Pacto Nacional del Movimiento Civil por la Independencia» ensayado en el anterior mandato, será el espacio que deberá definir las actuaciones. La entidad independentista defiende que esta debe ser una «estructura permanente» de diálogo y coordinación con voluntad de compartir e impulsar campañas de movilización, y debe estar integrada por el resto de entidades civiles independentistas. «Para asegurar la eficacia y la agilidad de esta Mesa, será necesario contar con una comisión permanente formada por las grandes entidades y ampliable puntualmente en función de la temática sectorial que se aborde en cada momento», subraya el documento.
Aunque no concreta qué acciones se deberán llevar a cabo, deja claro que las huelgas, los cortes de comunicaciones, la ocupación de edificios o la lucha no violenta «deberán alterar la vida cotidiana de Cataluña hasta el punto de repercutir en el Estado español y en el resto de países de la Unión Europea». Asimismo, subraya que la intensidad y duración de las protestas deberán lograr «la intervención de la comunidad internacional que deberá forzar al Estado español a sentarse en una mesa de negociaciones con mediación internacional con el gobierno provisional de la República Catalana» para cerrar un acuerdo de paz como el de Irlanda del Norte de 1998.
Recoser la unidad independentista de los partidos
Para hacer posible este plan para un nuevo enfrentamiento, la ANC ve imprescindible ser una entidad «transversal» que trabaje para recuperar la unidad independentista y «alinear» a los partidos en la «confrontación unilateral» basada en la desobediencia civil. «La unidad estratégica debe concretarse en una agenda independentista para los años de oposición y para las futuras elecciones», subraya el documento de la entidad, que por ahora es solo una propuesta. Con este objetivo, quiere trabajar por una «profunda regeneración política» de las formaciones independentistas que se han alejado de sus electores porque, a su parecer, están inmersas en el «modelo español de partidos».
«Si no regeneran su discurso y sus prácticas, no aportan soluciones a problemas básicos del país y mantienen la distancia emocional que los aleja de sus votantes, se incrementará el abstencionismo soberanista y contribuirá al crecimiento de las opciones populistas», advierte, y critica que «demasiado a menudo» los partidos luchan entre ellos por «colonizar «las instituciones y nombrar miles de cargos y asesores. «El resultado es una baja calidad democrática y una mala gobernanza que nos aleja de los países más avanzados», afirma.
