Amnistía Internacional denuncia el espionaje al independentismo con el software Pegasus en el apartado que dedica en el Estado español del informe anual sobre los derechos humanos. Según el texto, durante el 2022 «se ha agraviado el clima de impunidad y la carencia de rendición de cuentas» en algunos ámbitos de derechos humanos en el Estado. Además del caso de espionaje, principalmente al independentismo catalán, el informe denuncia la vulneración de derechos humanos a residencias geriátricas durante la pandemia de la covid-19 o los «abusos que amparo» la
El rechazo a la reforma de la ley Mordaza «una oportunidad perdida»
En el caso concreto de la ley Mordaza, Amnistía Internacional subraya que el rechazo a la tramitación parlamentaria de la reforma de esta norma ha supuesto una «oportunidad perdida de última hora» en materia de libertad de expresión, reunión y manifestación, así como en materia de inmigración, dado que la ley «sigue avalando las devoluciones ilegales a la frontera».
Por otro lado, a parecer de la entidad en 2022 «también ha evidenciado» en España la protección «insuficiente» de las autoridades de los derechos económicos, sociales y culturales «en un contexto de incertidumbre económica». Si bien, por un lado, se destaca como hecho favorable las iniciativas gubernamentales para ayudar familias vulnerables -ayuda de 200 euros para hogares con rentas inferiores a 14.000 euros anuales, rebaja del IVA de la luz, limitación del incremento de los alquileres-, de la otra se denuncia que «la desprotección del derecho a la salud y a la vivienda han continuado».
«Lejos» del 25% en atención primaria
Así, se pone énfasis, por ejemplo, en el hecho que la inversión sanitaria de las comunidades autónomas «sigue muy lejos» de dedicar a la Atención Primaria el 25% de la inversión total en sanidad, «como recomienda la Organización Mundial de la Salud». También se destaca que el año pasado, en el contexto de crisis económica, «miles de personas» han tenido «problemas» para acceder o conservar la vivienda «sin contar con la protección del Estado».
En el apartado de hechos positivos, el informe también subraya la ley del ‘solo sí es sí’, «un gran paso para la prevención, la atención y la protección de todas las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual; la ley trans; la ley del aborto; la ley de secretos oficiales, que «constituiría un punto de inflexión» en la gestión de los llamados secretos de Estado, «con un enfoque más restrictivo del que es clasificable y más en línea con los estándares de los derechos internacional en materia de transparencia y derechos humanos», y la ley de vivienda, que «por primera vez en democracia», considera el derecho a la vivienda un derecho humano «tal y como defienden la Constitución española y el derecho internacional».
