Andreu Van den Eynde, abogado del diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Parlamento Ruben Wagensberg, ha oficializado la vinculación que entra la utilización ilegal de la aplicación Pegasus y la acusación por terrorismo contra Tsunami y espiar los encausados. Cómo ha explicado El Mundo en varias ocasiones, todo indica que la información con que trabajan los investigadores para construir sus investigaciones –en la causa contra Tsunami Democrático, pero también, entre otros, en las diligencias que fueron secretas durante años y que son un cajón de sastre contra el independentismo, las 104/2017 del juez Manuel García Castellón– procede del espionaje ilegal.
En un comunicado difundido hoy por ERC, la formación republicana señala que «Van den Eynde certifica que el CNI ha participado, de forma ilegal, en la investigación de los hechos de Tsunami Democrático, como también lo han hecho los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado requeridos por el Tribunal Supremo en el marco de esta misma causa». El abogado ha pedido a la jueza instructora del caso al Tribunal Supremo, Susana Polo, que «tenga en cuenta el espionaje ilegal de Pegasus por parte del CNI«. De hecho, Van den Eynde quiere que la jueza pida al juzgado de instrucción de Barcelona la documentación que acredite este espionaje o que cite a declarar los agentes que participaron.
Wagensberg, uno de los grandes perjudicados de la última oleada represiva
El exdiputado de ERC, Ruben Wagensberg está ahora exiliado en Suiza para huir de la persecución española, puesto que Manuel García-Castellón, desde la Audiencia Nacional, lo tiene en la lista de imputados por supuesto terrorismo por el caso Tsunami, como también ha hecho con el presidente al exilio, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. La parte de la causa de Wagensberg y Puigdemont pasó al Tribunal Supremo –donde la instructora es Susana Polo– porque los dos son todavía diputados –Wagensberg en el Parlamento de Cataluña y Puigdemont en la Eurocámara–, pero el alma e ingeniero de esta acusación es García Castellón. Para Van den Eynde, en la causa que afecta Wagensberg hay una «clara reinterpretación de la ley para poder calificar de terrorismo los hechos». El abogado de Wagensberg señala que «atribuir delitos de terrorismo a la asimilación de un objetivo político -como es el de conseguir una República Catalana- criminaliza las acciones del independentismo en su globalidad».
El abogado explica que el uso de Pegasus para espiar los miembros de Tsunami Democrático es una «amenaza» para el derecho a la protesta y que este procedimiento penal «es una reacción desproporcionada que atenta contra los derechos civiles y políticos de la ciudadanía y desincentiva su libre expresión».
