Trifulca a campo abierto entre la fiscalía y el Tribunal Constitucional a raíz de la situación procesal del presidente Carles Puigdemont y el consejero Toni Comín. El fiscal ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, ha presentado un durísimo recurso de súplica, al que ha tenido acceso El Mundo,por la decisión de la «sección de vacaciones» de rechazar a tramitar los recursos de emparament del presidente y el consejero al exilio, contra la resolución del Tribunal Supremo de mantener la causa abierta contra los dos y continuar el trámite de las euroórdenes, del pasado 9 de agosto.
Según la fiscalía, «la decisión de fondo adoptada por la Sección de Vacaciones» se puede «valorar como acertada o desacertada, bien o mal fundada, pero el hecho determinante es que no ha sido adoptada ni en el tiempo ni por el órgano que de acuerdo con la ley aseguran su legitimidad constitucional, o, lo que es lo mismo, garantizan que esta decisión es fruto del legítimo ejercicio de la jurisdicción constitucional». Es decir, entienden que no se ha hecho una aplicación correcta del derecho y que perjudica la legalidad del procedimiento. Así, el ministerio público pide su revocación.
De hecho, miembros del TC criticaron la decisión y, incluso, la sala de vacaciones no fue unánime en la decisión. Los magistrados César Tolosa i Concepción Espejel, los dos del bloque conservador, han justificado la urgencia de la decisión porque Puigdemont y Comín habían pedido medidas cautelares que había que resolver. Laura Díez se opuso. Hasta el pasado 9 de agosto todos los recursos del Proceso se habían resuelto en plenario. Con el recurso de fiscalía, el ministerio público quiere que la decisión se resuelva en el plenario.
Dónde es la urgencia?
Como primer argumento, la Fiscalía entiende que la actuación de la Sección de Vacaciones del Tribunal Constitucional, en días inhábiles, «no puede incluir» la decisión de rechazar la admisión de un recurso de amparo. De hecho, el ministerio público considera que los magistrados han aplicado «normas excepciones de urgencia a situaciones que no lo son». Así recuerda, que no hay ningún derecho en peligro de un tercero, y el caso no cumple los requisitos para tomar estas decisiones pensadas para situaciones excepcionales. En resumen, el fiscal entiende que no había nada deprisa para decidir sobre el recurso y podía haber esperado a tener toda la magistratura para decidir si admitían o no a trámite el recurso. Por lo tanto, concluye que la sección no era «competente».
«El fondo sustancial del problema, en consecuencia, es que esta alteración competencial no prevista a la ley recae en una quiebra del régimen institucional de composición equilibrada del Tribunal, consustancial a su naturaleza y su debido funcionamiento», reprocha la fiscalía. Añade, además, que la decisión no fue «unánime» de los magistrados que componían la sección de vacaciones. De este modo, el fiscal que voz normal que el recurso sea tumbado, exige que la decisión se tome de acuerdo con la ley. «Es sin duda posible que, al final, el recurso de amparo interpuesto por Puigdemont y Comín pueda acabar siendo desestimado, o incluso inadmitido, y también lo es que esta Fiscalía no se oponga», contextualiza. Ahora bien, replica que «la importancia trascendental que la inadmisión, si procede, sea acordada por el órgano competente para lo cual resulta directamente de la esencia constitucional de la configuración, la organización y el funcionamiento de la jurisdicción constitucional».
